El magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha advertido del peligro que supone no respetar la división de poderes para la Democracia española y ha alertado de la necesidad de que, si finalmente, se traspasa la instrucción al fiscal, estos tengan un estatuto que impida la arbitrariedad, y que haya una influencia nefasta de los distintos poderes".
Concretamente el magistrado que, entre otros asuntos, instruye el caso 'Tsunami Democratic', que mantiene abiertas las acusaciones de terrorismo de Carles Puigdemont, y otros encausados del 'procés', ha afirmado que "hay una modificación a la vista de los procedimientos penales que van a pasar al Ministerio Fiscal, yo estoy de acuerdo, pero con este humo que señala fuego, yo pondría mis avisos, para que pase del juez de instrucción al fiscal, que los Fiscales tengan un Estatuto que impida la arbitrariedad, que evite que haya una influencia nefasta de los distintos Poderes".
Y ha sentenciado que "la reforma es mala si lo que lleva es a buscar intereses inmediatos, los que vengan después va a poder usar esas mismas armas que pueden ser nefastas".
García Castellón, que ha recibido el premio Balanza de Oro, concedido por el Colegio de Procuradores de Madrid, ha denunciado los ataques que están recibiendo los jueces. Y ha afirmado que, con ello, "se trata de destruir a la persona, para que se canse y lo deje".
En su intervención en el Teatro Real, ha explicado que, desde el inicio de la democracia, cuando se atacaba la independencia judicial, a través de las amenazas, los insultos, de las calumnias, de las injurias, se producía, inmediatamente que los otros poderes del Estado actuaban para preservar una de las cosas más valiosas que tenemos, que es que, en el caso de los tres Poderes del Estado, cada uno mantuviera su función.
Y ha afirmado que "en la actualidad, las descalificaciones 'ad hominen' a los jueces, que se producen hoy día de una forma casi natural, y que nosotros soportamos de una forma natural, los ponemos en consonancia con los países anglosajones donde son absolutamente inconcebibles".
"Se trata con las descalificaciones destruir a la persona para que se aburra, para que se canse, para que lo deje. El hecho de que haya impunidad en esos ataques 'ad hominen', las consecuencias no son solo para el juez, el juez con años de experiencia lo tolera como puede, pero la señal que se envía a la sociedad es terrible, porque la deja hueca, no permite que confíe en sus jueces. Es un Estado democrático fuerte el que debe procurar que las siguientes generaciones de compañeros, que vienen, no reciban ese mensaje tan malo", ha comentado.
Y ha concluido señalando que "me da mucha rabia que una democracia tan buena como la española, que somos envidia de muchos países, tengan estas fallas que no tienen ninguna justificación. El hecho de que no se persigan estos ataques supone el mantenimiento de la impunidad para los más poderosos, naturalmente en detrimento de los débiles".
Aportación imprescindible
Durante el acto dedicado al 450 aniversario, el decano del Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM), Alberto García Barrenechea ha reivindicado la contribución social de los procuradores, a nivel institucional e individual, "con el convencimiento de que nuestra aportación es imprescindible para la consecución del principio constitucional de la tutela judicial efectiva, en beneficio de los colectivos vulnerables y dignos de especial protección, garantizando el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos" agradeciendo a las administraciones públicas el esfuerzo presupuestario realizado para la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, al tiempo que reclamo una implicación mayor con el mismo".
Por su parte Alberto García Barrenechea insistió en que "la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho es un deber irrenunciable para todos los demócratas y, de forma especial, para quienes forman parte de la Administración de Justicia, sin cuya independencia, no es concebible una sociedad plenamente libre como la construida en el espacio de la Unión Europea".
Para finalizar el acto se entregaron diplomas e insignias a los colegiados con 25 y 50 años de ejercicio (40 y 2 respectivamente).
Premios Convivencia y Tolerancia
A continuación del evento conmemorativo se ha procedido a la entrega de los Premios Procura que otorga el Consejo General de Procuradores de España en su versión Convivencia y.
La Asociación Mensajeros de la Paz, y su fundador, el Padre Ángel en reconocimiento a su incansable y constante labor en aras de conseguir la promoción humana y social de los núcleos más desfavorecidos de la sociedad y a la Policía Nacional, que este año celebra su 200 aniversario desde la vocación de servicio permanente en defensa de la Ley y de la seguridad pública, representada por la subdirectora general del Gabinete Técnico, la comisaria principal Eulalia González Peña, fueron los galardonados con el Premio Convivencia y Tolerancia en sus ediciones 2023 y 2024.
El presidente del CGPE, Juan Carlos Estévez, ha señalado que el fin de los premios no es otro que "impulsar las buenas relaciones sociales y políticas, dado que la sociedad española vive en una tensión permanente en los ámbitos político, institucional e incluso ciudadano, reclamando desde la procura un acuerdo político o a un gran pacto de Estado construido desde el dialogo, en el cual todos los actores muestren y ejerzan la mejor voluntad para llegar a situaciones de consenso, y más en el mundo de la Justicia el que se asienta uno de los pilares fundamentales del Estado.
A este acto institucional del Consejo General de Procuradores y del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, han asistido en el Teatro Real, del presidente del Consejo General de Poder Judicial, Vicente Guilarte, acompañado por varios vocales y magistrados del Tribunal Supremo; el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramon Navarro; el presidente del TSJ de Madrid, Celso Rodríguez; el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid; la viceconsejera de Justicia y Víctimas de la CAM; portavoces de los grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado; la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega; la decana del Colegio del Colegio de Registradores María Emilia Adán; la presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid, Ana Ferrer García, o la secretaria de gobierno de la Audiencia Nacional, María Jesús Fraile, así como representantes de las asociaciones judiciales y letrados de la Administración de Justicia, entre otras autoridades e instituciones.
Los ministros Grande-Marlaska y Bolaños, y el Fiscal General, García Ortiz, que tenían anunciada su asistencia, finalmente excusaron su presencia a la entrega de los premios.
Clausura del acto
El Presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón, ha recordado el papel esencial que desempeña el Tribunal Constitucional en el Estado de Derecho, en tanto que intérprete supremo de la Constitución y garante máximo de los derechos fundamentales, en el acto conmemorativo del 450º aniversario del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid en el Teatro Real.
Asimismo, ha resaltado que el Estado de Derecho está definido por el imperio de la ley, democráticamente aprobada e independientemente aplicada, como expresión de la voluntad popular.
En este sentido, el Presidente ha explicado que el Tribunal Constitucional, sin integrarse como tal en el Poder Judicial, sí se sitúa en la cúspide de la interpretación y aplicación de la ley.
Conde-Pumpido, que ha clausurado el acto, también ha querido destacar el papel de estos profesionales en el sistema judicial, en su doble rol de representante procesal del cliente y de garante de la rectitud de los procesos en defensa de los propios derechos del mismo.
Así, la tradicional e histórica figura del procurador, ha subrayado el Presidente, ha sabido franquear con éxito la transición a la democracia y ser una firme aliada de la Administración de Justicia, con vistas a lograr resultados más justos, ágiles y diligentes.
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