La inteligencia artificial desembarca en la reforma digital de la Justicia

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha subrayado la relevancia del RDL 6/2023, "para adaptar estructuras del siglo XIX a la sociedad del siglo XXI" y ha vaticinado que los actuales estudiante de Derecho van a ejercer en juzgados que se van a parecer bastante poco a los actuales.

La Justicia está experimentando una transformación significativa centrada en la digitalización. Según la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (Cepej), España se sitúa entre los líderes en el uso de tecnologías de la información en el ámbito judicial.

El Plan Estratégico 2030 impulsado por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes , que preside Félix Bolaños, busca la modernización y reforma del sistema de Administración de Justicia, para dotarla de mayor accesibilidad, eficiencia y sostenibilidad.

El Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, que aprueba medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la Justicia, es una de las piedras angulares del proceso y en ella se aborda algunos de los objetivos actuales, como la realización de procedimientos judiciales de manera remota, lo que reducirá los desplazamientos y los costes asociados sin comprometer la integridad del proceso.

La Carpeta Justicia permite al ciudadano acceder a sus expedientes y solicitar citas desde cualquier lugar. Además, se está ampliando el uso de la robotización y la inteligencia artificial para agilizar la resolución de casos rutinarios, liberando así recursos humanos para tareas más estratégicas dentro del sistema judicial.

Justicia basada en datos

Los datos son esenciales en la sociedad actual y son clave en la gestión de los servicios públicos. Su análisis impulsará la inteligencia del sector Justicia, mejorando la capacidad de desarrollar políticas y servicios sostenibles, inclusivos y confiables.

Este enfoque proporcionará información relevante para la toma de decisiones de diversos actores, fomentando la colaboración y el consenso tanto dentro como fuera del sistema judicial. Facilitar el acceso a la Justicia y la labor de los juzgados a través de la tecnología, así como favorecer una relación digital entre los ciudadanos y el sistema judicial son dos de los principales objetivos que centran el trabajo del Ministerio en esta materia.

La solicitud será examinada por el juez, quien determinará la aprobación o denegación

Además, el sistema apoyará a los operadores del sistema judicial, ofreciendo una visión interna de la gestión de la Justicia a través de un sistema de información ágil y simple, que simplificará y sistematizará su trabajo.

Ley de Eficiencia Organizativa

La futura Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia es un paso crucial en la transformación de la Administración de Justicia, siguiendo las medidas de eficiencia digital y procesal ya implementadas en los RDL 5/2023 y 6/2023.

Esta norma aborda una reforma completa para adaptar la estructura judicial a las necesidades de una sociedad más conectada y exigente con los servicios públicos. Se destacan tres cambios principales: la creación de Tribunales de Instancia por partido judicial, la implementación de Oficinas Judiciales únicas para cada tribunal y la introducción de Oficinas de Justicia en los Municipios en lugar de los juzgados de paz.

Gracias al despliegue de nuevas tecnologías que se está llevando a cabo, se permitirá la comunicación telemática entre todos los actores involucrados y la propia ciudadanía.

Plataforma de protección de consumidores

Esta normativa representa un avance significativo en la protección de los consumidores y usuarios al establecer un proceso unificado para tratar demandas colectivas. Además, define las entidades autorizadas para representar a los afectados y utiliza plataformas electrónicas para agilizar y simplificar el proceso. Esto es especialmente relevante dado el aumento del 120% en pleitos masivos en Europa entre 2018 y 2022.

Los afectados podrán ejercer acciones de cesación de la conducta nociva para los consumidores, introduciendo como novedad la reclamación previa al empresario o profesional como requisito para que resulte admisible la demanda, y resarcitorias, para solicitar una indemnización, a través de plataformas electrónicas.

Un paso importante se ha dado con la solicitud de copia de expediente judicial electrónico, que permite a las partes que comparezcan sin representación procesal y a los que tengan la condición de interesados solicitar al órgano judicial correspondiente, el acceso al expediente judicial electrónico, de manera íntegramente telemática.

La solicitud será examinada por el órgano judicial correspondiente, quien determinará en última instancia la aprobación o denegación del envío de la copia. Se trata de una iniciativa del Ministerio de Justicia que se aplica al territorio de su competencia y también a otros, en colaboración con algunas Comunidades Autónomas con competencias transferidas.

Las actuaciones asistidas generarán un borrador, pero nunca podrán emitir una sentencia

Ya está implantada en Tribunal Supremo y Audiencia Nacional. Pueden intervenir las partes interesadas sin profesionales o representantes de los colectivos de profesionales del sector de la Justicia.

En la actualidad ya están en funcionamiento: el sistema LexNet, Acceso a grabaciones de vistas, Portal de subastas electrónicas, Aviso de señalamientos, Consulta del estado de tramitación, para el acceso de profesionales. Apoderamiento Apud Acta de profesionales, el servicio de Servicio de gestión de expedientes de Justicia Gratuita, el servicio de Verificación de documentos (CSV), la presentación telemática de escritos, las notificaciones electrónicas, la validación de firma, la plataforma de liquidación de bienes y el servicio electrónico de microempresas en situación de insolvencia, el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación, son servicios para ciudadanos.

Empleo de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) se va haciendo un hueco en la Administración de Justicia. Así, algunos de los proyectos más relevantes en el uso de la IA que se están implantando, por ejemplo, en materia de concesión de nacionalidades y cancelación de antecedentes penales.

El propio ministro, Félix Bolaños, ha anunciado que "ya tenemos una aplicación que traduce una sentencia de docenas de páginas a un lenguaje que sea más comprensible para personas que no son juristas".

Los trabajos en este campo se están llevando a cabo buscando las debidas garantías de seguridad y privacidad. Los servicios que actualmente ya están en funcionamiento se verán enriquecidos por el uso de la IA. Los artículos 56 a 58, del RDL 6/2023, contemplan por primera vez la intervención de la inteligencia artificial en la producción de resoluciones judiciales y procesales.

Entre éstas se incluyen las tareas de trámite o resolución simples que no requieren interpretación jurídica, posibles gracias a la orientación al dato, que facilita actos mecánicos previamente basados en la lectura y procesamiento de documentos.

La Inteligencia Artificial en la Justicia servirá, por ahora, para eliminar tareas repetitivas o que no sean asuntos interpretativos

Entre otros ejemplos, se incluyen el numerado y paginado de los expedientes, la comprobación de representaciones o la declaración de firmeza. Por otra parte, la interconexión de los sistemas de distintas Administraciones Públicas facilita el uso de datos recogidos para diversas finalidades (como laboral o fiscal) en la Administración de Justicia.

Este uso permite generar notificaciones o avisos automáticos sin intervención manual. Y, finalmente, se prevén las actuaciones asistidas, en las que se genera un borrador total o parcial de documento complejo basado en datos, que puede ser producido por algoritmos, y puede constituir fundamento o apoyo de una resolución judicial o procesal, pero nunca constituirá una resolución judicial, ya que ésta precisará la validación definitiva por el juez.

El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica es el encargado de definir especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, la auditoría del sistema de información y de su código fuente.

El Ministerio ha recibido este año el segundo Premio Europeo al Sector Público, en la categoría de Transformación Digital, por sus iniciativas en materia de Automatización de Procesos Robóticos (RPA).

Entre las iniciativas destacadas de la candidatura está la aplicación de RPA a los trámites de concesión de nacionalidad por residencia y a los de cancelación de antecedentes penales, agilizando tramitaciones que afectan a miles de ciudadanos y ahorrando miles de horas de trabajo manual y repetitivo de la Administración.

Otra iniciativa destacada ha sido la aplicación para acelerar las anotaciones de ingresos y pagos desde el sistema informático de gestión procesal de cada juzgado en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales.

El nuevo modelo de Registro Civil

El nuevo modelo de Registro Civil, impulsado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, alcanza ya a la mitad de la población de nuestro país, gracias a la progresiva implantación de Dicireg, un sistema integral de tramitación de expedientes por vía electrónica que contribuye a acercar este servicio a la ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia.

Este nuevo Registro Civil se configura como único y electrónico, y permite la interoperabilidad entre administraciones públicas, simplificando así los procedimientos, agilizando los trámites y contribuyendo a la eliminación de desplazamientos y la disminución de tiempos de espera para los usuarios.

El objetivo es que la Justicia abandone definitivamente el formato papel

Está basado, además, en el registro individual, mediante el cual cada persona se identifica de forma unívoca por su código personal y da fe de los hechos y actos del estado civil de cada persona ordenados de forma lógica y cronológica.

Es un modelo que pone en el centro a las personas, a sus derechos y sus necesidades, con independencia del lugar en el que residan y del manejo que tengan de los medios tecnológicos. Con el objetivo de contribuir a la cohesión territorial y digital, se mantiene una oficina del Registro Civil en cada municipio, garantizando el acceso a toda la ciudadanía.

Objetivos de la digitalización

La digitalización busca mejorar el sistema de Justicia español al hacerlo más eficiente, accesible, transparente y moderno. Estos cambios han beneficiado tanto a los ciudadanos como a los profesionales del derecho, contribuyendo a una Justicia más efectiva y adaptada a las necesidades del siglo XXI. Se trata de una obra complicada y extensiva, que acaba de superar uno de sus hitos más destacables al poner en marcha los nuevos Registros digitales de la Propiedad Mercantiles y de Bienes Muebles.La digitalización tiene como objetivos varios aspectos clave, como es la eficiencia y rapidez:

La digitalización debe ampliar el acceso a la Justicia al permitir que los usuarios puedan realizar trámites y consultas en línea. Esto es especialmente beneficioso para aquellos que viven en áreas remotas o tienen dificultades de movilidad, ya que ahora pueden acceder a servicios judiciales desde cualquier lugar con conexión a internet.

Junto a ello, los últimos Gobiernos trabajan en la modificación de la Planta Judicial y en la actualización constante de la Oficina Judicial. La dotación presupuestaria y el incremento de la plantilla de funcionarios que conforman el sistema judicial es un complemento fundamental, máxime teniendo en cuenta el incremento de las jubilaciones. También, tiene como meta esta renovación de estructuras en una mayor transparencia en el sistema judicial al facilitar el acceso a la información sobre casos y procedimientos.

Los ciudadanos pueden seguir de cerca el progreso de sus casos y entender mejor cómo funciona el sistema. Además, los sistemas digitales pueden ayudar a reducir los errores humanos y garantizar una mayor precisión en la gestión de casos y documentos. Esto contribuye a una mayor fiabilidad en el sistema judicial y a una disminución de los errores administrativos.

Pero siempre, bajo el control humano y sin que puedan extenderse los escritos a la categoría de sentencias o resoluciones, reservadas a los jueces.Y, como es lógico, La introducción de tecnologías digitales debe servir para modernizar el sistema judicial español, alineándolo con los estándares internacionales y mejorando su competitividad en un mundo cada vez más digitalizado. Esto puede atraer inversiones extranjeras y mejorar la percepción internacional del sistema judicial español.

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