Opinión

La seguridad en la construcción en España, por debajo de los niveles europeos

Foto: Istock

En la actual situación sociopolítica de Europa, en la que la eficiencia energética es estratégica para evitar la dependencia de fuentes externas, Europa marca sus exigencias en base a directivas como la de Eficiencia Energética (EED) y la de Eficiencia Energética de Edificios (EPBD), que han desencadenado la necesidad de transformar el parque de edificios español para reducir las emisiones de CO2 y lograr que en 2050 nuestra economía esté realmente descarbonizada.

En esta transformación, el Código Técnico de la Edificación (CTE) ha ido dando pasos significativos para elevar los estándares de aislamiento en edificios. Sin embargo, en España, esta aceleración no se observa en las exigencias de seguridad que deberíamos esperar, en comparación con otros países de la UE.

En sistemas utilizado para aislar térmica y acústicamente una fachada por el exterior es donde la diferencia en exigencias de seguridad con el resto de Europa es más acusada, y España se sitúa a niveles muy lejanos de la exigibilidad de países como Alemania, Francia, Dinamarca, o incluso Reino Unido, que revisó su regulación tras el desafortunado incidente en la Torre Grenfell. Estos países han reforzado sus exigencias de seguridad en sus códigos constructivos, siendo muy conscientes de los riesgos existentes. En este sentido, nos podríamos preguntar: ¿por qué España no tiene una ambición similar a la europea?

La prohibición del uso de revestimientos combustibles en edificios de gran altura existe desde hace tiempo en cualquier país europeo de los citados anteriormente, y que deberíamos tomar como referentes sin dudar. Adoptar esa regla no sólo sería segura para sus ocupantes, sino que facilitaría a los medios de intervención (bomberos) un tiempo adicional de actuación en caso de incendio.

En esta misma línea, para cualquier solución constructiva, la regulación española relativa a la seguridad en edificios debería también poner especial énfasis sobre edificios de alto riesgo o dificultad de evacuación, como escuelas, hospitales y centros de atención a personas mayores, como se hace en otros países.

Asimismo, otro aspecto importante a tener en cuenta, y del que no siempre existe una conciencia real ni información para el usuario, es que, en casos de rehabilitación energética de fachadas, en la que los ocupantes permanecen en el edificio durante la obra, se debería priorizar la no combustibilidad del material aislante, que aportaría un valor añadido a efectos de seguridad.

En definitiva, el desafío es claro: España debe apuntar hacia regulaciones más exigentes en la propagación de incendios por fachadas y adoptar prácticas de construcción que prioricen la eficiencia energética sin comprometer la seguridad. Esta última es innegociable. Es el momento de impulsar la transición hacia una construcción más segura y sostenible para garantizar la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente.

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Local Public Affairs de Rockwool Peninsular

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