Opinión

La relación entre el uso de la IA y la privacidad: un dilema ético no resuelto

Foto: Istock

Los dilemas éticos vinculados a la desigualdad digital en la moral de la inteligencia artificial (IA) se centran en cómo la tecnología puede amplificar o mitigar las disparidades existentes en la sociedad. A medida que la IA se integra en más aspectos de la vida cotidiana, el acceso desigual a estas tecnologías puede llevar a una profundización de las brechas socioeconómicas.

Este es un área crítica de preocupación ética que requiere una reflexión detallada y medidas efectivas para garantizar una distribución equitativa de los beneficios tecnológicos. En este sentido, es cada vez más evidente que los dilemas éticos vinculados a la privacidad y control de los datos en la moral de la inteligencia artificial (IA) son esenciales para comprender las preocupaciones contemporáneas sobre cómo las tecnologías afectan los derechos individuales y la autonomía de las personas en el ámbito del desarrollo de sus capacidades cotidianas.

A medida que la IA se convierte en una parte integral de más aspectos de la vida diaria, estos dilemas se vuelven más complejos y críticos.En este ámbito de la privacidad, el desarrollo y la mejora de sistemas de IA a menudo requieren el acceso y el uso a grandes conjuntos de datos, que incluyen información personal probablemente muy sensible.

La forma en que se recopilan, almacenan, y utilizan estos datos plantea importantes dilemas éticos, y por ello, cobra cada vez más importancia el hecho de asegurar que la recopilación de datos sea justa y transparente, y que los individuos estén informados suficientemente y que hayan tenido la oportunidad de dar su consentimiento explícito para proceder a dicha recopilación de datos personales.

Ello cobra especial importancia por el hecho de que, en muchos casos, los usuarios no están plenamente informados sobre cómo se utilizarán sus datos, especialmente cuando se emplean en sistemas de IA para propósitos que no fueron originalmente divulgados o entendidos por los sujetos titulares de dichos datos.

Ello determina que cada vez sea más necesario garantizar que el consentimiento para usar datos personales sea genuinamente informado y otorgado libremente, lo cual es difícil cuando los usos de la IA son complejos y no fácilmente comprensibles para la mayoría de las personas.En este orden de cosas, a menudo se percibe de una manera evidente la tensión existente entre el hecho de proteger la privacidad individual y la necesidad de fomentar la innovación tecnológica.

La IA puede ofrecer mejoras significativas en la eficiencia y efectividad de servicios, pero también puede amenazar la privacidad personal. Por ello, es imprescindible dentro que dentro los dilemas éticos que planean sobre el uso de la IA, tratar de encontrar y obtener un equilibrio entre el avance tecnológico y la protección de la privacidad y los datos personales.

Y consecuentemente con ello, cobra todo el sentido dar respuesta a la cuestión consistente en que: ¿Hasta qué punto se deben sacrificar los derechos de privacidad para fomentar la innovación y los beneficios que de la misma se pueden derivar?

Otro tema que necesita ser evidentemente reflexionado es el que hace referencia a la situación consistente, en que una vez que los datos son recopilados, a quién corresponde de una manera real y efectiva el control y el acceso a ellos, es decir, quien tiene la capacidad de disposición definitiva sobre los mismos.

Es muy relevante la circunstancia que nos indica que muy a menudo, y desde luego mucho más de lo deseable jurídica y éticamente, que los usuarios pierden el control sobre sus propios datos personales, desconociendo quien finalmente los tiene en su poder, quien los procesa o trata, con que finalidad se lleva a cabo dicho procesamiento, o si se están llevando a cabo cesiones de los mismos a terceros, quien los tiene finalmente en su poder.

Consecuentemente con estas circunstancias, desde un plano puramente ético y jurídico se hace cada vez más necesario implementar mecanismos, que permitan a los individuos mantener el control sobre sus datos, incluyendo la capacidad de revisar, corregir o eliminar su propia información personal.

Esta situación conduce a que las recomendaciones que se están llevando a cabo al efecto en el sentido de que a través de las mismas se logre implementar leyes de protección de datos más robustas, como los es en el ámbito de la UE el RGPD, que tengan como especial virtualidad proporcionar a los usuarios un mayor empoderamiento sobre sus datos personales, lo que a la postre conlleva un mayor control y transparencia sobre los mismos.

Este empoderamiento debe ir acompañado de manera necesaria de otras medidas adicionales, entre las que se encuentra el hecho de promover el uso de tecnologías que garanticen esta situación, tal como pueden ser: la encriptación y/o la anonimización a los efectos de proteger los datos, o la que hace referencia a la exigencia de integrar estas consideraciones de carácter ético, en el ciclo de vida completo de los sistemas de IA, desde el primer momento de su concepción o ideación, hasta su completa implementación del dicho sistema.

Ello, lleva, en definitiva, a la necesidad de considerar que la privacidad y el control de los datos son fundamentales para construir una relación de confianza entre la tecnología y los usuarios, asegurando que la implementación de la IA respete siempre como un punto de partida innegociable el respeto a los derechos humanos y que con ello se dé un paso adelante, en el camino de la creación de una sociedad más equitativa.

Al hilo de estas reflexiones es importante indicar finalmente, que los dilemas éticos vinculados a la privacidad y su impacto den las exigencia de la moral frente al uso de la inteligencia artificial (IA) son fundamentales para comprender y abordar cómo las nuevas tecnologías y su desarrollo pueden impactar en la sociedad de formas o maneras no necesariamente intencionadas, pero que si conllevan un resultado y unas consecuencias nocivas para los seres humanos, y para su dignidad como personas.

Magistrado y letrado del Tribunal Constitucional en excedencia. Socio director de Puyol Abogados.

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