Más de 1.500 abogados se adhieren a la campaña para que los jueces garanticen el derecho a la conciliación

Más de 1.500 profesionales se han adherido ya a la campaña de recogida de firmas impulsada por el Colegio de la Abogacía de Madrid para instar a los jueces a garantizar el derecho de conciliación de los letrados, una semana después de su lanzamiento.

La iniciativa se puso en marcha el pasado 1 de mayo en respuesta a las reiteradas negaciones de los juzgados madrileños a suspender actos judiciales por causas justificadas contempladas en la ley. Y es que, aunque la normativa vigente prevé la suspensión de vistas y procedimientos por motivos como la enfermedad del profesional de la abogacía o de sus familiares cercanos, o por nacimiento y cuidado de menor, el ICAM recuerda casos recientes que demuestran que estas provisiones legales no siempre se aplican.

Por ejemplo, el de una letrada de oficio que no obtuvo la suspensión de un señalamiento a pesar de su baja por embarazo de riesgo, o el de un colegiado al que el Juzgado de lo Social nº26 de Madrid le mantuvo un juicio a pesar de sufrir una fractura de peroné. En ambos casos, a instancias de los profesionales afectados el ICAM intervino a través del servicio 112 Abogacía, que gestiona el departamento de Defensa de la Abogacía, para lograr la suspensión inicialmente denegada por órganos judiciales.

El servicio 112 Abogacía

Coincidiendo con la publicación en el BOE del Real Decreto Ley 5/2023, que permite a la institución colegial intervenir en nombre de los letrados para solicitar la suspensión correspondiente, el ICAM creó hace un año el servicio 112 Abogacía ICAM. Gestionado por el departamento de Defensa de la Abogacía las 24 horas todos los días del año, cualquier letrado puede solicitar a través de este servicio la petición de suspensión de plazos, como recoge el Decreto.

Sin embargo, aunque la reforma legislativa recogía las reiteradas propuestas de conciliación reclamadas por la Junta de Gobierno del ICAM desde su toma de posesión a principios de 2023, el Colegio de Madrid ha venido constatando cómo las peticiones de los profesionales de la abogacía no son siempre atendidas de manera adecuada por los juzgados.

Por ello, tras impulsar el cambio legislativo y poner en marcha el servicio para tramitar las suspensiones en nombre de los colegiados, el ICAM ha dado un paso más con una campaña que busca movilizar a la comunidad jurídica y a la ciudadanía en general a favor de que se cumplan de manera justa y efectiva las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), que prevén que los actos judiciales o vistas puedan suspenderse por causas justific

A través del servicio 112 Abogacía, en lo que va de año el ICAM ha logrado 115 suspensiones que habían sido denegadas. Entre enero y abril de 2024 se han gestionado un total de 115 suspensiones de señalamientos. La situación de enfermedad junto con la obligación de atender a familiares, las bajas por maternidad y hospitalización y fallecimientos (52 casos) suponen casi la mitad de las situaciones detrás de las 115 suspensiones registradas en el primer cuatrimestre del año, siendo otras causas la coincidencia de señalamientos (32 casos) o mala praxis de los juzgados (29 casos).

Una rigidez en la aplicación legal

"Los abogados somos trabajadores. De hecho, somos muy trabajadores, y en consecuencia tenemos derecho, al igual que el resto de los trabajadores, a conciliar", afirma Javier Mata, diputado del ICAM responsable de Defensa de la Abogacía. Tanto es así, recuerda Mata, "que la normativa en vigor prevé que actos judiciales o incluso plazos puedan suspenderse o interrumpirse por causas justificadas.

Sin embargo, esta normativa está siendo aplicada en ciertos casos con suma rigidez, de tal manera que el Colegio ha tenido que intervenir para amparar a compañeros y compañeras que sufrido una negativa inicial por parte de determinados órganos judiciales a suspender ciertos actos judiciales a pesar de sufrir causas graves de carácter médico, y solamente después de la intervención decidida del área de Defensa de la Abogacía, a través del servicio 112 Abogacía ICAM, los titulares de esos órganos judiciales reflexionaron y concedieron la suspensión que era de justicia".