Madrid
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha firmado este jueves un acuerdo con CSIF y UGT, los sindicatos representantes de los trabajadores de la Administración de Justicia, por el que les ha incrementado los salarios entre 165 euros y 250 euros al mes, en función de los cuerpos.
Para el personal dentro del cuerpo de Gestión y Técnicos de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), la subida será de 195 euros al mes; para el cuerpo de Tramitación y Ayudantes de Laboratorio INTCF, de 180 euros al mes; para aquellos que pertenecen al cuerpo de Auxilio Judicial, de 165 euros al mes y, finalmente, para médicos forenses y facultativos INTCF, de 250 euros al mes.
La subida salarial afecta a unos 12.000 trabajadores del ámbito no transferido (Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares, Ceuta, Melilla, la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Fiscalía, juzgados centrales, Registro Civil e Instituto Nacional de Toxicología-INTFC).
Efectos retroactivos desde el enero
Además, CSIF ha indicado en un comunicado que el incremento del sueldo se aplicará de manera progresiva: a partir de la nómina de mayo se cobrará el 50% con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año y el 1 de enero de 2025 se cobrará ya el 100% de lo acordado. De esta manera, en apenas ocho meses se cumplirá la totalidad del acuerdo en las nóminas de los funcionarios.
Por otro lado, el Ministerio de Justicia ha informado que también se llevará a cabo en el plazo de tres meses la convocatoria de la mesa delegada para mejorar las condiciones laborales en materias como la reducción de la temporalidad, el nombramiento de personal de refuerzo, la formación y la protección de la salud en el trabajo.
Estos acuerdos son fruto de las negociaciones iniciadas entre Administración y sindicatos el pasado 10 de enero. No obstante, cabe recordar que los trabajadores de la Administración de Justicia iniciaron una huelga indefinida el 22 de mayo del año pasado para reclamar una mejora de sus salarios, que cancelaron tras 45 días, ante el adelanto electoral.