Andalucía reforma más de 500 normas para ser "la comunidad con menos burocracia" de España

"Hoy quiero traslada a cualquier empresa, grande o pequeña, de España o del exterior, un mensaje claro y rotundo: en Andalucía queremos a las empresas y estamos decididos a ser el mejor aliado de quienes tomen la decisión de desarrollar su actividad en nuestra comunidad". Con estas palabras, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes la aprobación en el Consejo de Gobierno de mañana del Plan Andalucía Simplifica, "el mayor paquete de simplificación de trámites administrativos que haya abordado nunca una administración, el de más envergadura y el más ambicioso", con más de 500 medidas que suponen "un punto de inflexión en nuestro objetivo de convertir Andalucía en la comunidad autónoma con menos burocracia".

Moreno ha presentado este paquete de medidas, 'Andalucía simplifica', en Madrid, con el claro objetivo de situar a la comunidad en el punto de mira de inversores. La administración andaluza apuesta de forma decidida por la aplicación del silencio administrativo positivo en multitud de trámites, la declaración responsable en vez de la autorización previa, y la digitalización y robotización de procedimientos para reducir tiempos.

Reformas internas

De forma general, se amplían significativamente los trámites a los que se aplica tanto el silencio administrativo positivo como las declaraciones responsables.

De puertas para adentro, en la administración se extiende la robotización a trámites y procesos como las pensiones no contributivas o la expedición y renovación del título de familia numerosa.

La Junta de Andalucía contará con un manual de automatización de procedimientos de relación con la ciudadanía. Se aplicará de forma generalizada mecanismos que han sido un éxito en la tramitación, por ejemplo, de las ayudas a más de 30.000 pymes y autónomos para compensar el sobrecoste energético. Gracias a la gestión automatizada, se han podido registrar y tratar más de 2,5 millones de facturas remitidas por las comercializadoras, se han realizado siete millones de comprobaciones automatizadas y las ayudas se han aprobado en tiempo récord.

Se simplifica el procedimiento de ejecución del gasto, mediante la supresión progresiva de los documentos contables junto con sus firmas asociadas. Esto significa que podremos suprimir 3,5 millones de firmas al año, con el evidente impacto que eso tiene en tiempo y burocracia. Permitirá, por ejemplo, mayor celeridad en la concesión y pago de ayudas.

Y se articula un plan estratégico de la administración territorial de Andalucía. La presencia de la Junta de Andalucía en el amplio territorio de la comunidad autónoma tiene en las delegaciones provinciales su cara más cercana. Es ahí donde se produce la mayoría de los trámites y contactos de los andaluces con la Administración. Este año 2024 se acomemtará una reforma necesaria para unificar su funcionamiento en todas las provincias, optimizar los recursos humanos y completar su digitalización.

Licitación pública

En licitación se han tomado medidas para que las licitaciones autonómicas sean lo más ágiles y eficaces posible, manteniendo las garantías. Se extienden las medidas de simplificación a todas las licitaciones autonómicas, con independencia de su fuente de financiación -hasta ahora se limitaban a las financiadas con fondos europeos-.

También se eliminan trámites a los que estaban obligadas las empresas licitadoras, que a partir de ahora se integrarán de forma automática en el propio expediente de contratación.

Con la aplicación de estas medidas se espera reducir hasta en dos meses el tiempo de tramitación de los expedientes de contratación.

Por otro lado, se creará un 'Certificado de Buena Ejecución de Subcontratistas', que permitirá a las empresas acreditar de forma mucho más sencilla su solvencia para participar en licitaciones públicas. Esto no sólo dará una mayor transparencia, sino que facilitará enormemente el acceso de las pymes a las licitaciones públicas.

Energía y Patrimonio

En materia de energía, se aumenta la potencia de 100 hasta 500 KW de las instalaciones ubicadas en suelo urbano que quedan sujetas a declaración responsable, sin necesidad de solicitar autorizaciones administrativas. De esta forma, además, facilita el uso de energías limpias en instalaciones industriales de las ciudades.

Igualmente, se cambia de autorización a declaración responsable para determinadas actividades arqueológicas afectadas por la Ley de Patrimonio Histórico, lo que permitirá mayor agilidad y transparencia. Gracias a esta iniciativa, unos 500 expedientes anuales, en su mayoría vinculados a grandes proyectos de infraestructura y proyectos de energías renovables, verán reducido su tiempo de tramitación en hasta dos meses.

Se modifica también la composición y funciones de las Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico para reducir el número de procedimientos que tienen que conocer. Cualquier familia o empresa que quisiera hacer una obra en un entorno BIC necesitaba hasta ahora el informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico. Esta medida afecta, por tanto, a unos 1.800 expedientes al año en toda Andalucía -el 70% de los expedientes que tramitan actualmente las comisiones provinciales de patrimonio-. El volumen de inversión que supone actualmente este tipo de expedientes en toda Andalucía es de unos 500 millones de euros al año.

El campo

Para agricultores y ganaderos se simplifica el registro de explotaciones agrícolas y forestales, lo que beneficiará a 250.000 agricultores y facilitará su acceso a la PAC.

Además, determinados trabajos forestales ya no necesitarán una autorización expresa, sino que bastará su comunicación previa, lo que afectará a más de 5.000 solicitudes cada año. La limpieza de los montes es clave en la prevención de los incendios forestales.

Servicios sociales

En Dependencia se pone en marcha un nuevo modelo de gestión del reconocimiento de la dependencia y el derecho a las prestaciones que reducirá los plazos de tramitación de una media de 555 días a un plazo máximo de 180 días. Es decir, reduce un año el tiempo de espera. De un año y medio, a 6 meses.

En la tramitación de la Renta Mínima de Inserción Social, se reduce el número de documentos necesarios para la solicitud y se eliminan obstáculos en la prestación de servicios sociales, con un régimen de autorización menos restrictivo que garantiza los derechos de las personas que necesitan esos servicios. Así, se pasará de tardar dos años de media en abrir una residencia de mayores a tan sólo tres meses, con una declaración responsable; estableciéndose además silencio positivo. Repito: silencio administrativo positivo.

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