
El 69% de los 6.000 gestores administrativos , que representan a mas de millón y medio de autónomos y un millón de empresas en toda España considera que el Gobierno y las Comunidades Autónomas están "martilleando con una batería de exigencias normativas cada vez mayor, sin que dispongan de los recursos ni el conocimiento para poder cumplirlas por ellos mismos", según ha explicado Fernando Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos y del Colegio de Madrid, en el transcurso de una jornada, organizada junto con la patronal CEOE bajo el título: ¿Cómo afecta la presión normativa, económica, fiscal y laboral a las empresas? Una visión sobre el futuro de nuestros negocios.
Santiago ha recordado que según datos del Banco de España, desde el inicio de la actual etapa democrática hasta la actualidad (1979-2022), 43 años, "se han aprobado en el país por parte de todas las Administraciones Públicas un total de 414.272 leyes de todo tipo, lo que supone 9.634 leyes al año; a razón de aproximadamente 220 días hábiles por año, 44 leyes por día y a razón de ocho horas de trabajo diario casi seis leyes a la hora y a 60 minutos la hora, nos da una ley por cada diez minutos, o sea, en este rato que llevo hablando, van dos leyes".
"Y a la vista de estos datos -ha añadido- que es imposible. ¡Hagámosnoslo mirar, porque una persona sola dedicada en exclusiva a esto no podría leerse todo en toda su vida laboral".
Además, el presidente de los gestores administrativos se ha quejado de que con el nuevo sistema de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta), la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) quiere disponer de los datos de rendimientos netos reales de los autónomos a principio del año, para poder ajustar la cotización del año anterior, mientras que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Aeat) les pide los datos a 30 de junio y trimestralmente se envían las declaraciones de IVA.
Y finalmente, ha señalado que, además, los bancos piden precierres, a finales del año, cierres provisionales, y en la primavera, cierre definitivo… "vamos que el autónomo y el empresario trabajamos para los bancos y para la Administración. ¿No será mejor que se pongan de acuerdo?", ha concluido el presidente de los gestores.
En la jornada, en la que han participado Gregorio Izquierdo, director de Economía de CEOE, Francisco Vidal, director de Economía y Política Sectorial de Cepyme, Celia Ferraro, vicepresidenta de ATA y el economista Javier Santacruz, ha habido un acuerdo unánime en que "el marco normativo, fiscal y social debe estimular la inversión empresarial como palanca para mejorar la productividad, el empleo y el nivel de vida de los ciudadanos".
También, se han referido al diferente rasero legislativo con que actúan las Administraciones y las empresas y los autónomos. Así, Celia Ferraro ha explicado que "la Administración española es hoy la que más precariza el mercado laboral (temporalidad, no aplicación de subidas impuestas en los costes laborales a empresas adjudicatarias, etc.) y compite de forma desleal con el sector privado, mermando su capacidad de inversión, innovación y transformación para incrementar su competitividad y adelgazando deliberadamente su peso en nuestra economía".
Quejas sobre el diálogo social
La jornada ha sido clausurada por parte de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, que se ha referido a la importancia que ha tenido hasta ahora el diálogo social, con el que se han logrado acuerdos en temas y momentos muy delicados. Sin embargo, se ha quejado de que ahora el Gobierno acuerdo los asuntos con sus socios, con un cambio de reglas, como ocurre, por ejemplo con el salario mínimo, lo que resta confianza empresarial.
Garamendi se ha referido también a la necesidad de calcular la presión fiscal no sobre todos los ciudadanos sino solo sobre los contribuyente, los que pagan impuestos y ha recordado que la economía sumergida se estima que supone un 24% del PIB, según datos publicados por Funcas. "No hay que seguir atacando a quien está pagando sus impuestos", ha concluido.
También, se ha referido a la preocupación de los empresarios por la separación de poderes y por el artículo 14 de la Constitución, que habla sobre la igualdad de todos los españoles.
Finalmente, ha destacado el "papel" de los gestores administrativos que "ha sido fundamental en todos estos años para acompañar al tejido empresarial (en especial, pymes, autónomos y emprendedores) en su relación con las Administraciones y, sin duda, lo va a seguir siendo en el futuro".
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