Madrid
La Unión Europea es cada vez más estricta con las compañías en materia de sostenibilidad para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ya ha incrementado sus obligaciones hasta niveles que superan el ámbito puramente económico. La Académica de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Española (RAJYLE) y consejera editorial de elEconomista, Ana Fernández-Tresguerres, señaló que el Derecho societario europeo, desde la perspectiva de la sostenibilidad, "hoy conduce a la cada vez más estricta obligación de reportar sobre aspectos no económicos ligados a la defensa de los Derechos Humanos en un proceso acelerado de descarbonización".
Esta fue una de las conclusiones que se extrajo durante el Congreso Internacional 'Nuevas orientaciones en el Derecho internacional: digitalización, sostenibilidad, derechos humanos y cooperación' que celebra este martes y miércoles la RAJYLE con la colaboración del Instituto de España. Fernández-Tresguerres destacó que la UE va siempre por delante en materia de legislación y es el segundo gran hacedor de derecho después de Roma. Así, señaló que desde 2018, tomando especial impulso en 2022, ha desarrollado varias normativas en materia de sostenibilidad.
Entre ellas, subrayó la directiva de 2020 sobre informes de sostenibilidad corporativa (en revisión y aún no transpuesta en España) que ya no solo va dirigida a grandes empresas, también a pymes cotizadas. El texto establece doce nuevas normas en materia de informes de sostenibilidad que van a ser aplicados paulatinamente en los reportes de 2024, 2025 y 2026 y que afecta a todas las áreas, no solo a medioambiente, también a clima, recursos hídricos, submarinos, biodiversidad, consumidores o usuarios.
Añadió que la directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, a punto de ser aprobada en su totalidad, tiene como singularidad su efecto al exterior frente a terceros Estados, no solamente por la cadena de valor para la cuál será determinante la aplicación de nuevas tecnologías como blockchain para poder comprobar que cumplen requisitos estándares de sosteninimidad, también por el análisis de convenios internacionales de Derechos Humanos.
Por su parte, el presidente de la Academia de Jurisprudencia, Manuel Pizarro, señaló durante la inauguración del Congreso que hay que ampliar la sostenibilidad no solo al planeta, también a la empresa. "La excesiva regulación impide competir en un mundo global. La empresa puede ser sostenible ecológicamente y no serlo económicamente", aseguró al respecto. Asimismo, Pizarro resaltó la labor de las Academias en la sociedad: "Hace falta darle presión a la caldera porque en momentos de confusión alguien tiene que iluminar el camino", dijo.
IA y Derechos Humanos
Los diecinueve ponentes que han colaborado en las diferentes mesas redondas han llamado la atención sobre la quiebra que supone en un mundo globalizado una división normativa que compartimenta la aplicación de las políticas esenciales. Asimismo, se destacó la necesidad de realizar un estudio académico en profundidad sobre la normativa europea de inmediata aprobación sobre Inteligencia Artificial.
Carlos R. Fernández Liesa, Catedrático de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid, destacó por su parte que el gran reto de los Derechos Humanos es que se mantengan. "En el siglo XXI han emergido nuevos países que no son occidentales y no se sienten tan identificados con esta visión de los derechos", advirtió.
A su juicio, el principal desafío de la comunidad internacional, además de promover más la eficacia de los Derechos Humanos, debe renovar el consenso e incorporar a otros países emergentes (Brasil, Rusia, India o China) y a un conjunto de culturas no occidentales.
La profesora de Derecho Privado de la Université de Paris-La Défense, Marie Nioche, reflexionó sobre la problemática de en qué medida los litigios privados internacionales se convierten en un instrumento de regulación al servicio de la sostenibilidad y de los Derechos Humanos.
Antonio Fernández de Buján, Académico de Número de la RAJYLE centró su intervención en un análisis sobre la acción popular desde Roma y Atenas hasta el derecho actual. De Buján concluyó que el ejercicio de la acción popular "en materias como los Derechos Humanos, el medioambiente o la salud ha sido aceptada por la jurisdicción de tribunales internacionales al configurarse como una institución invocada con frecuencia en demanda de tutela en la práctica internacional, lo que ha generado en ese ámbito un debate sobre la oportunidad de una regulación específica sobre la materia".
