¿Es legal destinar partidas presupuestarias públicas a otro fin diferente del previsto?

Este miércoles ha trascendido que la Generalitat de Cataluña eliminará este invierno las ayudas a estaciones de esquí privadas y las destinará a pisos sociales, pero más allá de si se considera una iniciativa en favor del bien común ¿es legal destinar partidas presupuestarias a otro fin diferente del previsto?

En declaraciones a elEconomista.es, el profesor de Derecho Público Esade Law School (URL) Enric R. Bartlett Castellà explica que sí es legal si se sigue el procedimiento predeterminado en la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña.

"En principio, los créditos se destinan a la finalidad que motiva la dotación, pero dado que la realidad a la que ha de dar respuesta el poder público no está petrificada, sino que cambia, el presupuesto que aprueba el Parlament tiene un margen de flexibilidad en su ejecución para que puedan afrontarse esos cambios de necesidades o prioridades", argumenta.

Pone el ejemplo de que hace unas semanas se hicieron públicos datos sobre la dificultad de los trabajadores de las estaciones de esquí para encontrar alojamiento en el territorio donde se ubican, dado que la mayoría de viviendas se destinan al alojamiento de los turistas. "Tiene, pues, sentido disponer de parque de vivienda social o aumentarlo en dichas zonas", aduce el profesor.

Y es que la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña, al igual que la ley general presupuestaria estatal, faculta a efectuar transferencias entre distintos créditos del presupuesto.

Dichas transferencias están sujetas a un procedimiento y con unas limitaciones (artículos 41,42 y 43 de la LFP). En unos casos se requiere la aprobación del Ejecutivo, en otros del consejero/a de Economía y Finanzas, y en otros el consejero/a del Departamento que se trate. "La intervención general de la Generalitat vela por que dicho procedimiento y limitaciones se respeten", concluye.

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