El PSOE recula ante la indignación judicial por el anuncio del 'Lawfare'

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones, Félix Bolaños, se desmarcó ayer, en una entrevista en la cadena SER, de que la inclusión del término Lawfare, y la creación de una comisión para investigar los casos, en el acuerdo PSOE-Junts, "pueda afectar a una decisión judicial. No podría ser así".

Más tajante ha sido el primer secretario del PSC y exministro de Sanidad, Salvador Illa, quien ha apuntado que "no habrá ninguna revisión por parte de ningún órgano legislativo de ninguna sentencia judicial. Eso no se puede producir en un marco de Estado de derecho como el del Estado español".

Sin embargo, el acuerdo establece que "se constituirán comisiones de investigación y las conclusiones a las que lleguen se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía "en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política",

Por ello, Illa ha insistido, sobre el Lawfare en que "si ha habido, en el caso de alguna operación, por ejemplo, la operación Cataluña, algún mal uso de recursos públicos con una finalidad no prevista, pues veremos si ha sido el caso y qué recomendaciones se hacen en el marco de estas comisiones de investigación en el Congreso",

Estas declaraciones se producen en el marco de una auténtica explosión de rechazo e indignación por parte de magistrados y jueces, así como gran parte del sector jurídico, frente a la inclusión del anglicismo Lawfare, en el documento conjunto emitido por ambas formaciones para informar sobre los acuerdos alcanzados para que Junts aporte sus siete votos en el Congreso de los Diputados para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

El término Lawfare se traduce como instrumentalización de la Justicia para defender intereses espurios. Es una de las ideas básicas de los grupos independentistas para justificar los procedimientos judiciales abiertos a raíz del procés.

Vuelta a la Edad Media

Una asociación de jueces, Foro Independiente Judicial, en un comunicado emitido, ha explicado que "el hecho de que el partido que se postula al Gobierno pueda ofrecer "en sus negociaciones políticas, sin límite alguno, la posibilidad de desactivar los procedimientos judiciales que afectan a los políticos que le apoyen --como ocurría en la Edad Media cuando el rey negociaba con los nobles sus fueros--, supone una enorme acumulación de poder mediante la creación de espacios de impunidad, con el consiguiente peligro de abuso de poder".

El exmagistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Francisco Javier Borrego, también se ha referido a la cuestión al señalar que "el acuerdo es un disparate. El texto de ese acuerdo se ha olvidado del Preámbulo del Convenio Europeo de Derechos Humanos, se ha olvidado de por qué tuvieron lugar en Europa las dos guerras mundiales, y se ha olvidado del artículo primero de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano: todos los seres humanos nacen libres e iguales en derechos…Y de muchísimas más normas de convivencia en un Estado de Derecho".

Jaime Asens, uno de los negociadores, se ha mostrado sorprendido por la reacción de asociaciones de jueces y fiscales y ha asegurado que "denota que tienen la piel muy fina" y ha acusado a los jueces de querer ser actores políticos. "Hay muchos jueces que se consideran los principales guionistas de la política española", ha dicho.

Un sinfín de rechazos

Tras la desaprobación de las asociaciones judiciales, incluida la progresista Jueces y Juezas para la Democracia, ayer la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), de una parte, y 80 jueces decanos, de otra, se sumaban a las quejas, suscribiendo en sendos escritos, argumentos como que: "los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución. Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables. El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta".

En la misma línea se han mostrado los presidentes de las Audiencias Provinciales, que se han sumado a los argumentos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), destacando que "mostramos nuestra sorpresa e indignación ante el documento en cuestión en la medida en que plantea serias dudas sobre la independencia del Poder Judicial, lo que supone alejarnos de manera irresponsable de una de las exigencias más importantes para formar parte de la UE".

Carmen Gámiz, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, ha asegurado que "tenemos que pensar qué país queremos ser: un estado democrático o totalitario, porque si no hay separación de poderes, no hay democracia, no es razonable".

No menores han sido las críticas de algunas de las Asociaciones profesionales tildadas de progresistas, como la Unión Progresista de Letrados de Justicia, que en su comunicado afirman que "los Letrados de la Administración de Justicia como parte integrante de los tribunales y garantes de los principios en los que se sustenta el proceso judicial, mostramos nuestro rechazo a cualquier intento de poner en duda la limpieza el mismo".

Por otra parte, los Colegios de Abogados y Procuradores de Madrid, que han defendido su neutralidad, han anunciado que ejercitarán los procedimientos necesarios en defensa de la Constitución y del Derecho europeo.

Y, finalmente, el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid (Icogam) pide que se mantenga los principios de igualdad y solidaridad fiscal entre todos los españoles. Y añade , en su comunicado, que "la separación de poderes -Legislativo, Ejecutivo y Judicial- es esencial para asegurar la legitimidad de las decisiones políticas que se adoptan en un Estado de Derecho. Además, es el instrumento para la convivencia social que garantiza la seguridad jurídica y económica para negocios e inversores".

Medidas cautelares contra el Congreso

La Fiscalía se ha opuesto a que el Juzgado de Primera Instancia 104 de Madrid estudie la petición de la medida cautelar solicitada por un particular para paralizar la tramitación parlamentaria de la futura ley de amnistía, en el marco de una demanda contra PSOE, Junts, ERC, Sumar y la Mesa y la Presidencia del Congreso, ya que se trata de una acto parlamentario y no administrativo, lo que supone que no es competencia de la jurisdicción Civil ni de la contencioso-administrativa .

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