El presidente de BBVA, Francisco González (FG), imputado por cohecho y revelación de secretos en el caso que investiga la contratación por parte de la entidad al excomisario José Manuel Villarejo para que realizara presuntas labores de espionaje, ha cambiado de estrategia y pide ahora a la Audiencia Nacional la prescripción de los delitos.
La decisión del exbanquero llega después de que solicitara a inicios de este año el archivo de la causa por el espionaje a Sacyr, bajo el argumento de que ya había prescrito. Según los criterios de prescripción de la Audiencia Nacional, la resolución que irrumpe el plazo de prescripción es la citación como investigado, que González recibió el 14 de noviembre de 2019 y, por tanto, habrían pasado 14 años y nueve meses desde que tuvo lugar el presunto espionaje que realizó BBVA para frenar la entrada de Sacyr en el capital del banco entre 2004 y 2005.
Sin embargo, las defensas de los afectados impugnaron la solicitud alegando que los delitos no pueden prescribir porque se llevaron a cabo de manera continuada. BBVA contrató los servicios del excomisario desde 2004 a 2017. La Audiencia Nacional acogió los argumentos de las defensas y rechazó la pretensión de González. Ahora, según informan fuentes cercanas al caso, FG ha solicitado la prescripción de los delitos en vez del cierre de la causa, petición sobre la que los afectados también han hecho alegaciones en contra.
El banquero actúa in extremis ante la inminente cercanía del cierre de la instrucción, que está fechado para el día 29 de este mes, tras la última prórroga de abril.
10,2 millones de euros
BBVA pagó a Cenyt, grupo empresarial de José Manuel Villarejo, 10,2 millones de euros por los trabajos que llevó a cabo para la entidad entre 2004 y 2017. La investigación de la Audiencia Nacional ha revelado que el excomisario, con recursos de la Policía, investigó a políticos como María Teresa Fernández de la Vega o Miguel Sebastián o a empresarios deudores del banco.
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