Bruselas
Bruselas avanza en su intención de marcar las pautas de la regulación de las grandes tecnológicas. La Comisión Europea ha presentado este martes una propuesta para reforzar la cooperación entre las autoridades europeas de protección de datos en los conflictos que afecten a varios Estados miembro.
La propuesta trata de atajar casos como las multas impuestas por Irlanda a la compañía matriz de Facebook, Meta, por el tratamiento de los datos personales desde mayo de 2018 en la UE. Según explicó el comisario de Justicia, Didier Reynders, la idea es "facilitar la gestión de casos complejos. Irlanda ha tomado difíciles decisiones en la imposición de multas. Es un proceso largo". A lo que añadió la necesidad de reforzar la capacidad de gestión del trámite.
Sobre Meta pesan, en territorio irlandés, una de 210 millones de euros por el servicio que presta a través de Facebook y otra de 180 millones por Instagram desde principios de año. A esto se suma otra sanción de 1.200 millones de euros, del pasado mayo, por vulneración de la privacidad vinculada a las filtraciones de datos de los ciudadanos de otros países a los servicios secretos de EEUU, y que reveló Edward Snowden en 2013.
El planteamiento del Ejecutivo comunitario se aplicará a los casos similares que afecte a múltiples individuos ubicados en diferentes países de la UE. Incluye medidas como que las autoridades de protección de datos nacionales envíen un resumen del caso a sus homólogos en el que identifiquen los principales elementos de la investigación para que aporten sus perspectivas desde el inicio del procedimiento.
Más allá de reforzar la cooperación entre entidades, Bruselas pretende limitar la falta de acuerdos dentro de la UE e impulsar el consenso entre las autoridades en la fase inicial del procedimiento. Además, la propuesta busca acelerar la resolución de los casos para dotar de mayor seguridad jurídica tanto a los ciudadanos como las empresas.
La propuesta "responde a las preocupaciones de los actores del sector, de las autoridades responsables de protección de datos", dijo Reynders, que matizó que la idea no es reabrir la regulación comunitaria o hacer cambio alguno en sus mecanismos básicos.
En lo que respecta a los individuos amparados por la legislación, la propuesta fijará una serie de requisitos comunes cuando se ejecute una queja. En relación a las empresas, la normativa establecerá de forma clara cuáles son sus derechos procesales en caso de que se enfrenten a una posible investigación.
Es así que la propuesta armoniza los requisitos para formalizar una denuncia y elimina los obstáculos de los diferentes trámites nacionales. También confiere a las partes implicadas en la investigación el derecho a ser escuchadas en momentos clave del proceso, incluyendo en la resolución de la disputa por la autoridad europea de protección de datos.
La propuesta normativa abarca también la confluencia de puntos de vista en la fase temprana y el uso de las herramientas de cooperación como las investigaciones conjuntas. Una medida que busca evitar desacuerdos posteriores y facilitar una rápida implementación del mecanismo de resolución de litigios, con plazos comunes para la resolución de los litigios en la UE.
