El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves en segunda vuelta el anteproyecto de la Ley de la Función de la Administración del Estado, también conocida como la Ley de Función Pública. El Gobierno ha dado marcha atrás, tras atender más de mil aportaciones de 400 participantes, a uno de los puntos más polémicos de los primeros borradores de la norma: que los empleados perdieran la condición de funcionarios públicos por falta de buen desempeño en el puesto.
El nuevo anteproyecto, según las fuentes consultadas por este periódico, "suaviza" los primeros textos en este aspecto y enfoca la evaluación del desempeño para que los funcionarios escalen en aspectos positivos como la conducta profesional, el rendimiento, sus objetivos individuales y los colectivos, y entierra así el "castigo" de perder la condición de funcionario ante la carencia de estos mismos aspectos. De hecho, el Ejecutivo, en la presentación realizada hoy sobre el anteproyecto, remarca de manera literal para zanjar la cuestión que la evaluación del desempeño "no supone el despido ni la pérdida de la condición de empleado público".
Además, entre las novedades de la norma, el Gobierno anuncia que equipara la condición de las parejas registradas oficialmente a la de los cónyuges, lo que homologará el acceso a permisos y situaciones administrativas. Asimismo, otra medida clave es el aumento al 30% del mínimo de plazas para promoción interna y también se reconocerá la movilidad para que pueda producirse antes de dos años y se reduce de 10 a 4 años el periodo de servicios prestados necesario para poder acceder a la movilidad interadministrativa.
Por otro lado, refuerza la conciliación con la ampliación de plazos de la reserva de puesto en la excedencia por cuidado de familiares y la posibilidad de acumular en jornadas completas el permiso de reducción de jornada hasta un 50% para cuidar un familiar. En lo referido a las situaciones administrativas, la excedencia voluntaria por interés particular reduce su periodo mínimo de cuatro a dos años.
Entre las principales críticas que recibe la norma, está, según el sindicato CSIF, que se ha perdido la oportunidad de desarrollar el teletrabajo o la jornada laboral de 35 horas. Esta nueva ley, que según el Ejecutivo se tramitará por la vía de urgencia, se crea para desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), aprobado en 2007.
Otra de las novedades es la creación del 'Grupo B' y de tres Cuerpos y Escalas adscritos a este grupo (Cuerpo Técnico Informático, la Escala Técnica Medioambiental y el Cuerpo de Delineantes). La norma asegurará la convocatoria de procesos de promoción interna para permitir el acceso a estos cuerpos y escalas del personal funcionario que cuente con la titulación correspondiente. En lo que respecta al directivo público profesional y su régimen jurídico, se clarifica la delimitación entre el personal directivo funcionario o laboral. Como ejemplo, los primeros se desempeñarán en los ministerios y los segundos en entidades públicas empresariales. La norma también fomenta la igualdad en materia de género entre los funcionarios.
