El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón aboga por la reanudación de las conversaciones entre el Ministerio de Justicia y los letrados de la Administración de Justicia en huelga, ya que considera una cuestión de "responsabilidad y de sentido de Estado, de poner en valor el derecho a la tutela judicial efectiva como derecho base que permite el ejercicio de los restantes derechos".
"No es solo urgente, sino que es inaplazable y exige, por ambas partes, el mayor esfuerzo y predisposición para un final definitivo a este conflicto" señala el decano.
Ribón mantuvo ayer una reunión con el PSOE con el propósito de frenar el conflicto, el decano mantuvo conversaciones ó ayer con el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Francisco Aranda a quién mostró su firme postura de acercar posturas y acordar el diálogo.
Durante el encuentro Eugenio Ribón, acompañado por la Vicedecana del ICAM, Isabel Winkels, y el Diputado 2º de la Junta de Gobierno, José Ramón Couso, trasladó al representante del Grupo Socialista aquellos temas que más preocupan a la abogacía y que requieren "una respuesta urgente del legislador": la huelga de los LAJs y la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anula los criterios orientadores de honorarios a efectos exclusivos de tasación de costas
El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, quien aceptó ser el mediador entre los letrados y el Ministerio por la huelga, alertó de las consecuencias que supone diariamente la paralización de miles de procedimientos y afecta gravemente "al acceso a la tutela judicial efectiva de ciudadanos y profesionales". Por su parte, la sentencia del Tribunal Supremo "sume en un escenario de profunda incertidumbre a profesionales, consumidores y usuarios", señala.
Asimismo, a las 13:00 horas de este miércoles, el ICAM se reunirá con el vicesecretario general institucional del PP, Esteban González Pons para comunicarle el clima de preocupación en la abogacía por las consecuencias del estallido de la huelga indefinida que golpean a los ciudadanos como a los profesionales jurídicos
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