El Consejo General de la Abogacía Española, tras el conocimiento de las múltiples sentencias del Tribunal Supremo (TS) que han condenado a los colegios de abogados de Canarias, Madrid y Guadalajara por la fijación de baremos y honorarios propios, ha decidido entrar en escena y estudiar diversas acciones judiciales para la solución a este conflicto.
Desde el Consejo, anuncian que el Pleno estudiará todas las posibilidades disponibles para aclarar a los ciudadanos la cuantía que estos tienen que pagar en el momento en el que entran en un proceso judicial. En este aspecto, la abogacía entiende la preocupación de las personas al no tener constancia de la cantidad aproximada que tienen que gastarse al contratar a un abogado o, en caso de perder el juicio, el pago de las costas correspondientes.
"Las sentencias limitan el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva al no poder tener con antelación un conocimiento, siquiera aproximado, del coste del procedimiento judicial en el caso de que exista la condena en costas", apuntan desde el Consejo.
El Pleno analizará sus "propuestas legislativas" para que los ciudadanos tengan constancia de sus derechos sobre los posibles efectos de "acudir a los tribunales en defensa de sus derechos" y acerca del conocimiento -aunque sea aproximado- de las costas que le tomará a un ciudadano someterse a un conflicto jurídico.
De esta forma, la Abogacía ha decidido iniciar las oportunas acciones judiciales, así como promover modificaciones legislativas que permitan a los Colegios "cumplir con la obligación que les impone la ley, garantizando el principio de seguridad jurídica". A día de hoy, según la información facilitada a elEconomista, se desconocen las medidas exactas que emprenderán, sin embargo, adelantan que se comunicarán a lo largo de este mes.
Inseguridad jurídica
El desconocimiento de las tasas aproximadas genera incertidumbre e inseguridad ante el escaso conocimiento del ciudadano sobre los precios, que supone un freno a la defensa de sus intereses legítimos.
Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), institución que ha sido recientemente perjudicaba por fijar lista de precios, reconoció que la decisión del Supremo es un "freno importante a la asistencia judicial, ya que no se puede tener una visión razonable de los efectos económicos que a un ciudadano o a empresa le conllevaría la acción judicial".
El ICAM, contra el fallo del Supremo, anunció que la resolución se debe a una "deficiente técnica regulatoria" sobre el artículo 14 de la Ley de Servicios Profesionales donde marca que los colegios podrán elaborar honorarios salvo en lo pactado en su disposición 4º.
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