A pesar de los requisitos de transparencia introducidos por el Código de Conducta de las Cortes Generales, sigue existiendo opacidad sobre los contactos de los diputados con los grupos de interés, con los lobbies, según denuncia el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) en su informe sobre Prevención de la Corrupción respecto de parlamentarios, jueces y fiscales.
El Greco destaca que más de la mitad de los parlamentarios no han publicado sus agendas institucionales y el contenido de las mismas publicados en línea tienen una variación significativa y no muestran contactos sistemáticamente con lobbistas o terceros que buscan influir en el proceso legislativo. Y también, el Informe Anual de la Oficina de Conflictos de Interés de las Cortes, emitido el pasado julio, en el que se señala que 207 miembros de la Cámara Baja no han hecho pública su agenda, y tan solo 78 han hecho pública su agenda parlamentaria y su agenda personal.
Estima la institución del Consejo de Europa que en España se han presentado dos propuestas diferentes sobre los lobbies en el Parlamento (una por el PSOE y otra por el PP), cuya discusión está en curso.
Además, destaca que se han producido retrasos en la adopción de ley sobre los lobbies, una reforma que considera largamente esperada, pero que sigue sin concretarse.
El Greco concluye que España ha aplicado plenamente siete recomendaciones de las once incluidas en el informe de 2013. De las restantes, tres se han aplicado parcialmente y una sigue sin aplicarse.
Así, recuerda que recomendó realizar una evaluación del marco legislativo que rige el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de sus efectos sobre su independencia de cualquier influencia indebida.
Así, lamenta la falta de avances en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por ello, el Greco insta en su informe a las autoridades competentes a que desbloqueen esta situación , que califica de "crítica", tras haberse cumplido el pasado domingo cuatro años de bloqueo de la institución ante la negativa de las formaciones políticas de llegar a un acuerdo para nombrar a los vocales del órgano de gobierno de los jueces.
Finalmente, considera parcialmente cumplida la recomendación sobre el método de selección y plazo de mandato del Fiscal General, estableciendo requisitos y procedimientos claros para elevar la transparencia de la comunicación entre el Fiscal General y el Gobierno.
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