Es nula la autorización judicial de entrada en la empresa que no contrasta los datos de Hacienda

Es nulo un auto judicial que autorice la entrada de la Inspección de Hacienda en un domicilio social sin motivar y justificar formal y materialmente la necesidad, adecuación y proporcionalidad de la medida de entrada, sometiendo a contraste la información facilitada por la Administración, según determina el Tribunal Supremo (TS) en sentencia de 14 de octubre de 2022, que aplica la doctrina establecida por el propio TS en su sentencia de 1 de octubre de 2020.

El ponente, el magistrado Navarro Sánchis, precisa que la información de Hacienda "debe ser puesta en tela de juicio, en su apariencia y credibilidad, sin que quepan aceptaciones automáticas, infundadas o acríticas de los datos ofrecidos. Sólo es admisible una autorización, por auto, tras el análisis comparativo de tales requisitos, uno a uno".

Y añade que del cotejo de una situación hipotética, sospechada o derivada de una información meramente fragmentaria, nacida de la proyección de datos genéricos obrantes en documentos o cuadros estadísticos y cuya fiabilidad, a falta de más sólidos elementos de convicción, "hemos de poner por fuerza en duda, no es base suficiente para servir de título habilitante a la Administración -para pedir- y al juez -para otorgar- la entrada en el domicilio".

La doctrina constitucional, para otorgar la autorización debe superarse un triple juicio -que debe efectuar el juez competente-: el de idoneidad de la medida (toda vez que ésta debe ser útil para la actuación inspectora), el de necesidad (esto es, que no exista otra medida sustitutiva más moderada que la intromisión que se pretende) y el de proporcionalidad en sentido estricto (pues han de ponderarse los beneficios de tal medida para el fin perseguido frente al sacrificio de un derecho fundamental como el que nos ocupa.

En definitiva la sentencia falla que no pueden servir de base, para autorizar la entrada, los datos o informaciones generales o indefinidos procedentes de estadísticas, cálculos o, en general, de la comparación de la situación supuesta del titular del domicilio con la de otros indeterminados contribuyentes o grupos de estos, o con la media de sectores de actividad en todo el territorio nacional, sin especificar o segmentación detallada que avale la seriedad de las fuentes.

Tal análisis, de hacerse excepcionalmente, debe atender a todas las circunstancias concurrentes y, muy en particular, a que de tales indicios, vestigios o datos generales y relativos -verificado su origen, seriedad y la situación concreta del interesado respecto a ellos- sea rigurosamente necesaria la entrada en el domicilio protegido, lo que exige valorar la existencia de otros factores circunstanciales y, en particular, la conducta previa del titular en respuesta a actuaciones o requerimientos de información efectuados por la Administración.

Devolución de documentación

A este respecto es preciso recordar la sentencia de 26 de julio del propio TS, de la que es ponente el magistrado Isaac Merino, que dictamina que la declaración de nulidad de la autorización judicial de entrada y registro en domicilio priva de cobertura jurídica a las actuaciones de la Administración Tributaria e implica la obligación de devolver toda la documentación incautada, además de destruir todas copias de ella que obren en su poder.  En caso de que se incumpla esta obligación, la Administración no puede utilizar este material.