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El 59% de los españoles considera que la economía sumergida es el fraude fiscal más dañino

  • Un 63% de los ciudadanos considera que el fraude fiscal crece en la última década
Agencia Tributaria digital. Istock

Un 63% de los españoles piensa que el fraude fiscal se ha incrementado en la última década, frente a un 28% que opina lo contrario, un porcentaje este inferior al de los que consideran que ha aumentado bastante en este periodo (29%).

Así, se revela la encuesta sobre Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2021, realizada por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) del Ministerio de Hacienda y Función Pública, con un total de 3.052 entrevistados, seleccionados en tramos por edad, nivel cultural y de ingresos, actividad, situación civil, sexo y lugar de residencia.

Una vez eliminado el efecto de la falta de respuesta. De este modo, se aprecia cómo es el 69% de la población encuestada la que sostiene esta percepción de aumento de la conducta defraudadora, frente al 31% que percibe que el fraude fiscal ha disminuido en la última década.

La percepción de un incremento del fraude fiscal es común en todos los colectivos considerados para la fragmentación de la muestra, no obstante, se observan diferencias significativas entre las personas ocupadas, los hombres, las personas mayores de 40 años y con unos ingresos netos elevados donde es mayor la proporción de encuestados que opina que el fraude ha aumentado.

Casi la mitad de las personas entrevistadas considera que, aunque persisten los engaños a la Agencia Tributaria a distintos niveles de incumplimiento fiscal, en general, el pago de los impuestos se realiza de un modo bastante correcto (46%). Frente a estos ciudadanos, algo más de la mitad de los entrevistados (54%) considera que el fraude fiscal es una conducta generalizada entre los contribuyentes españoles.

Opinión negativa

Esta percepción es común a todos los segmentos de ocupación, no obstante, se aprecia una opinión más negativa, respeto a la generalización del fraude, entre las personas paradas e inactivas, las personas de mayor edad y más próximos a ideologías de izquierdas. 

Año tras año, la opinión pública continúa manifestando su convencimiento de que existen ciertos colectivos que defraudan habitual y sistemáticamente a la Hacienda Pública. Tales colectivos son, en opinión de los ciudadanos, los empresarios pero también los profesionales liberales y los trabajadores autónomos, al estar sometidas sus actividades a un menor control por parte de la Administración. Mientras que, por el contrario, los asalariados mantienen una conducta fiscal honesta porque, al estar controlada la parte más importante de sus ingresos mediante el sistema de retenciones salariales, tienen menos oportunidades que los demás grupos de contribuyentes para ocultar las rentas que deben declarar. 

Así, el 79% considera la existencia de colectivos que evaden de forma habitual y continuada sus impuestos, frente a un 21% que no lo cree así. La percepción de que existen colectivos que habitualmente defraudan a Hacienda es mayor en los colectivos de parados o inactivos, aquellos sin estudios o estudios primarios y mayores de 65 años. 

Aquellos colectivos a quienes se atribuye una conducta fiscal más deshonesta, muestran cierto grado de autocrítica. El 65% de los encuestados atribuyen a los empresarios una conducta fiscal deshonesta, quedando el resto de menciones repartido entre los demás colectivos. La mitad del grupo de empresarios opina que es su colectivo el que más defrauda. Este alto porcentaje se repite en todas las profesiones. 

Mantener actividades económicas ocultas a Hacienda y a la Seguridad Social es el tipo de fraude más perjudicial para la sociedad en su conjunto, según un 59% de los entrevistados. Le siguen a bastante distancia, las empresas que no pagan parte del Impuesto sobre Sociedades (31.8%), los empresarios que no ingresan en Hacienda el IRPF (27,9%), el no ingreso de los IVA cobrados (20%) y el impago del IVA por consumidores (19,8%). En última posición se consolida el no presentar la declaración de la renta estando el contribuyente obligado a hacerlo (14,9%). Por último, con un porcentaje del 10% se encuentran el resto de fraudes, tales como evasión fiscal y corrupción política. 

Prácticamente la totalidad de la población encuestada piensa que el comportamiento defraudador tiene consecuencias negativas. La mayoría señala que el fraude fiscal tiene un efecto especialmente pernicioso: la disminución de los recursos necesarios para financiar la oferta pública de servicios y prestaciones (el 42%). También se alude a la injusticia que se crea al tener que asumir unos ciudadanos lo que otros no pagan (el 20%). La necesidad de aumentar la presión fiscal sobre los contribuyentes cumplidores (19%).

Más de un tercio justifica el fraude

Más de un tercio de los ciudadanos justifica, de un modo u otro, la conducta defraudadora. No obstante, esta justificación tiende a basarse en un argumento auto exculpatorio: son las circunstancias las que obligan a defraudar para salir adelante (23%), antes que en un argumento estructural: lo normal es evadir los impuestos (11,1%). Es el colectivo de 25 a 39 años (55%) quien más apoya el fraude por circunstancias. Sin embargo, casi dos de cada tres entrevistados (65,9%), manifiesta que no encuentra justificación alguna al fraude.

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