La Ley de Memoria Democrática, que este viernes entra en vigor, amplía los supuestos para solicitar la nacionalidad española, como es el caso de los nacidos fuera de España de padre o abuelos, exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia a los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros, antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, así como los hijos mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción.
La Ley considera, también, que concurren circunstancias excepcionales en los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales que participaron en la Guerra de 1936 a 1939 para la adquisición de la nacionalidad española por carta de naturaleza, no siéndoles de aplicación la exigencia de renunciar a su nacionalidad. Concurren las mismas circunstancias en los descendientes de los brigadistas que acrediten una labor continuada de difusión de la memoria de sus ascendientes y la defensa de la democracia en España.
A los efectos de esta ley se considera víctima a toda persona, con independencia de su nacionalidad, que "haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el periodo que abarca el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la posterior Guerra y la Dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución".
Los beneficiarios de esta norma dispondrán de dos años desde la entrada en vigor de la Ley para solicitar la nacionalidad. No obstante, al terminar este plazo, el Consejo de Ministros podrá acordar su prórroga por un año.
No obstante, el procedimiento de solicitud de nacionalidades esta aún pendiente de desarollo reglamentario, por lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha anunciado que, "por el momento, no se contestará ningún correo electrónico ni se atenderán solicitudes de citas relativas a la ley".
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