Bruselas quiere prohibir los productos fabricados con trabajo forzoso

Las autoridades nacionales estarán facultadas para retirar del mercado de la UE productos obtenidos con trabajo forzoso, tras una investigación. Además, las autoridades aduaneras de la UE identificarán y retendrán en las fronteras de la UE los productos obtenidos con trabajo forzoso.

Así, consta en la propuesta de la Comisión Europea que pretende prohibir en el mercado de la UE los productos obtenidos con trabajo forzoso, tanto los fabricados en la UE para consumo nacional y exportación, como los bienes importados, sin centrarse en empresas o industrias específicas.

Bruselas calcula que 27,6 millones de personas son obligadas a realizar trabajos forzosos, en muchas industrias y en todos los continentes. La mayor parte del trabajo forzoso tiene lugar en la economía privada, aunque una parte es impuesta por algunos Estados.

Esta propuesta se basa en definiciones y normas acordadas internacionalmente. Las autoridades nacionales de los Estados miembros aplicarán la prohibición mediante un enfoque de ejecución basado en el riesgo.

Investigaciones formales

En una fase preliminar, evaluarán el riesgo de que se haya utilizado trabajo forzoso sobre muchas fuentes de información diferentes que, juntas, deberían facilitar la determinación del riesgo y contribuir a centrar sus esfuerzos.

Estas fuentes pueden incluir aportaciones de la sociedad civil, una base de datos de riesgos relativos al trabajo forzoso centrada en productos y zonas geográficas específicos, y la diligencia debida de las empresas.

Las autoridades podrán solicitar información a las empresas y llevar a cabo controles e inspecciones, también en países no pertenecientes a la UE. Si las autoridades nacionales descubren que se ha utilizado trabajo forzoso, ordenarán la retirada de los productos ya comercializados y prohibirán su comercialización y su exportación. Las empresas deberán deshacerse de los productos. Las autoridades aduaneras de los Estados miembros se encargarán del control del cumplimiento en las fronteras de la UE.

Si las autoridades nacionales no pueden reunir todas las pruebas que necesiten, por ejemplo debido a la falta de cooperación de una empresa o de una autoridad de un Estado no perteneciente a la UE, podrán tomar la decisión sobre la base de los datos disponibles.

Tratamiento para las pymes

La propuesta tiene en cuenta, en particular, la situación de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Sin estar exentas, se beneficiarán del diseño específico de la medida, es decir, las autoridades competentes tendrán en cuenta el tamaño y los recursos de los operadores económicos afectados y la magnitud del riesgo de que se haya utilizado trabajo forzoso antes de iniciar la investigación. Las pymes se beneficiarán de herramientas de apoyo.

La Comisión también publicará directrices en un plazo de dieciocho meses a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.

La propuesta debe ahora ser debatida y aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE antes de que pueda entrar en vigor. Se aplicará 24 meses tras su entrada en vigor.

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