Mas de 100.000 pequeñas y medianas empresas (pymes) echarán el cierre y no acudirán al concurso de acreedores, ni con la actual ley ni con la que está a punto de aprobar el Senado, porque tienen graves problemas de financiación y el Gobierno ha puesto en marcha una moratoria pensando en las grandes empresas y no en las pymes.
Así, lo asegura Fernando Santiago, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, que asegura que en el primer semestre del año se han registrado 4.264 concursos y no vamos a ir más allá de los 15.000 a finales de 2022.
Y ha añade Santiago que "los concursos solo los presentan los empresarios a quienes les queda algo de dinero, pero a aquellos a los que les deben dinero no van a poder acceder a ellos".
Además, considera que "la nueva Ley Concursal va a fomentar la desaparición de pymes y, además, impedirá la vuelta al mercado de muchos pequeños empresarios y autónomos, porque se van a quedar con la deuda concursal que tengan con Hacienda y la Seguridad Social, salvo los 20.000 euros que puedan ser exonerados."
El presidente de los gestores administrativos augura un incremento de la economía sumergida o que se hará trampa con los salarios pagados para rebajar cotizaciones.
"Nos fijamos en el aumento de los concurso de acreedores y no en las empresas que van a cerrar sin hacer concurso", sentencia. Destaca, que buena parte del esfuerzo de los Erte aprobados ha ido a empresas que van a desaparecer.
Señala también Santiago, que la caída de los trabajadores en Erte al acabar el plazo Covid, hasta los 21.000 trabajadores actuales, se ve compensada con las 100.000 suspensiones de contratos entre marzo y abril de 2022.
El porcentaje alto de empleo público o la cantidad de contratos fijos discontinuos y los fijos a tiempo parcial son otros de los indicadores que no permiten aun asegurar que la reforma laboral ha sido un éxito.
Y, finalmente, ha destacado que "no es sostenible que nos digan los bancos que las pymes no están solicitando las ampliaciones con que se sigan abriendo nuevos períodos para ampliar plazos y cuando todos los agentes están de acuerdo con que hay graves problemas de liquidez que asolan a los pequeños negocios. Alguien no dice toda la verdad, y no son ni pymes ni autónomos".
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