El Partido Popular (PP) ha remitido al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños y a los presidentes del Tribunal Constitucional y del Supremo, Pedro González Trevijano y Carlos Lesmes, respectivamente, un 'Pacto para reforzar la independencia judicial y la calidad democrática', según el cual, la negociación para la renovación del CGPJ se llevara? a cabo en las Cortes Generales, órgano encargado de la designación conforme a la Constitución.
Al tiempo, se propone tramitar por el procedimiento de urgencia, que derogará la reforma que impide al CGPJ tomar casi cualquier decisión estando en funcione; se regularán las llamadas 'puertas giratorias', impidiendo a los magistrados con un cargo político reingresar al servicio activo hasta transcurridos dos años a partir del cese.
También, propone el PP que no puedan ser nombrados vocales del Poder Judicial quienes hayan desempeñado cargos vinculados a la política en los cinco años inmediatamente anteriores.
Se propone, además, que se regule la Comisión de Calificación con la finalidad de recabar información de los candidatos a puestos discrecionales, al objeto de motivar justificadamente los nombramientos. Además, todos los altos cargos de la carrera judicial pasarán a ser nombrados por mayoría de tres quintos (13 de votos de los 21).
Para ser nombrado magistrado del Tribunal Supremo se exigirá una antigüedad de 25 años de servicio activo en la carrera judicial, sin que pueda computarse a estos efectos los años de servicios especiales de cualquier tipo.
Nueva reforma en seis meses
Se propone, finalmente, introducir una disposición adicional, en virtud de la cual el CGPJ recién nombrado, tomando en cuenta los modelos de países europeos con constituciones parecidas a la nuestra, presentara? a las Cámaras, en un plazo de seis meses desde su toma de posesión, una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales del turno judicial que mejore la independencia del proceso y que garantice una decisiva participación de los propios jueces y magistrados en la elección.
Y concluye la propuesta, introduciendo que se recoja expresamente la posible recusación del Fiscal General del Estado y se establezca que no podrán ejercer esta función quienes hayan desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores.
Ajuste de la Planta Judicial
Con respecto a la planta judicial, se propone que se proceda a una adecuación estructural de la plantilla judicial mediante la convocatoria de oposiciones a razón de 200 plazas más al año, de manera que en cinco años el incremento de la planta en cuanto a número de jueces sea de 1.000, atendiendo así al aumento de la litigiosidad de los últimos años, la situación actual de incremento de justicia interina y las jubilaciones previsibles de los próximos años. Los datos estadísticos reflejan que la litigiosidad esta? en niveles superiores al inicio de la anterior crisis económica de 2008.
En la misma línea, se apuesta por el mantenimiento del actual sistema de acceso a la carrera judicial por oposición. Se ratificara? el actual sistema de acceso al Poder Judicial acorde con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, exigencia prioritaria de la solidez de conocimientos y el cuidado de la búsqueda de la excelencia, componentes irrenunciables en un diseño que verdaderamente apueste por la independencia judicial como valor constitucional a proteger por los poderes públicos.
Y se ofrece una modificación del magistrado autonómico, de tal forma que la terna formulada por las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas deje de ser vinculante para el CGPJ.
Rechazo de la reforma socialista
El PP rechaza los planteamientos iniciales del Gobierno, marcados por la búsqueda de una solución acelerada y basada exclusivamente en la fijación de cuotas partidistas e intercambio de nombres.
Tampoco comparte la ruptura de las conversaciones por su parte, producida con el anuncio sorpresivo y unilateral de una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para renovar tan solo el Tribunal Constitucional, por cierto, pocos días antes de que venciera el plazo que habíamos acordado mutuamente para que el PP trasladara su propuesta.
A mayores, considera que resulta llamativa la pretensión de desbloquear exclusivamente el TC, que acaba de entrar en funciones, y no el Tribunal Supremo que, por el contrario, acumula años sin reposición de magistrados y ya dicta mil sentencias menos al año.
Considera tan necesaria la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional como la regeneración de su independencia, prestigio e imagen. La simple actualización de ambos órganos por cuotas partidistas conllevaría la renovación de cargos, sí, pero no mejoraría su independencia.
Con esa finalidad expresamos también nuestra convicción de que las modificaciones necesarias en este ámbito deben afrontarse como políticas de Estado y, por tanto, mediante amplios consensos y procedimientos ordinarios que no alimenten dudas de ningún tipo, para lo cual se debe contar con la fundada opinión de los distintos integrantes del Poder Judicial.
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