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El Ministerio publica el Manifiesto por un espacio público de datos en el ámbito de la Justicia

  • Recoge todos los aspectos políticos y técnicos para el uso de datos en el servicio público de Justicia
Foto: Istock

El Ministerio de Justicia ha publicado el 'Manifiesto por un espacio públio de datos en el ámbito de la Justicia', ratificado de forma unánime en la Conferencia Sectorial celebrada el 23 de junio en Toledo, después de su aprobación en el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE),

El manifiesto, es un instrumento que busca mejorar la eficiencia de la Justicia a través del tratamiento de datos y diseñar las políticas públicas en el ámbito de la Justicia.

Este manifiesto se dirige a identificar los principios sobre los que construir un espacio público de datos en el sector justicia a partir del equilibrio entre los distintos intereses que concurren en la generación e intercambio datos.

El punto de partida consiste en considerar los datos en el sector justicia como un bien público en cuya generación y protección están directamente implicados los suscriptores del presente manifiesto a fin de garantizar la calidad de los datos, su alineamiento con la promoción del bien público y los intereses generales, el respeto a los derechos fundamentales y la prevención de un aprovechamiento excluyente de los datos.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha señalado la importancia de los datos en el nuevo modelo de transformación digital que aborda la Administración de Justicia, y ha añadido que la gestión de datos "es fundamental para dar el servicio que la ciudadanía se merece en el siglo XXI".

Eficacia y eficiencia

La necesidad de producir datos para la toma de decisiones es percibida tanto en el sector público como privado.

En ambos casos la gestión orientada al dato está asociada a la eficacia y eficiencia en tanto que permite seleccionar objetivos, identificar buenas prácticas y evaluar los resultados. Además, la gestión orientada al dato permite un mayor control de la gestión y una mayor participación de la ciudadanía.

Sin embargo, tanto en la producción como en la utilización de datos para la gestión existen principios y valores que pueden entrar en conflicto y respecto de los que resulta necesario lograr un equilibrio: la protección de los derechos fundamentales y la difusión de la información; la seguridad en la gestión de los datos y el derecho fundamental a acceder a la información; el reconocimiento de derechos digitales y la utilización de los datos como un recurso en los procesos de producción; el valor añadido de la gestión basada en datos y las desigualdades que genera la ausencia de medios y formación tecnológica.

Cinco objetivos

El documento ratificado consta de cinco objetivos. El primero es el de la consideración del dato como un bien público, de manera que se garantice tanto su producción como su libre acceso.

El segundo objetivo es el de la creación de un espacio público de datos seguro, interoperable y orientado a su reutilización, con la participación de las diferentes administraciones, así como de otros actores de los sectores público y privado. Con esto se busca la creación de espacios en los que compartir datos de calidad bajo los principios de confianza y seguridad.

En tercer lugar, el manifiesto pretende garantizar la innovación en el ámbito de la Justicia mediante el intercambio de experiencias y orientando el uso de los datos a proveer soluciones a problemas concretos. En este sentido, se está impulsando la extracción de datos que permita procesar cantidades ingentes de datos (Big Data) no estructurados (texto) y transformarlos en indicadores de alto valor en la toma de decisiones.

El cuarto objetivo es el de la gestión orientada a datos, con la identificación y definición de indicadores e índices que reflejen resultados que busquen la mejora continua del servicio público de Justicia.

Por último, el manifiesto recoge la igualdad y la cohesión como objetivos, para prevenir un aprovechamiento excluyente de los datos y lograr así la implementación de políticas públicas más eficaces y próximas a la ciudadanía, con las máximas garantías legales de protección de datos y los mayores estándares de ciberseguridad.

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