Los gestores administrativos rechazan la futura obligación para las pymes de recibir las notificaciones digitales

Los gestores administrativos han mostrado su desacuerdo con que se obligue a los pequeños negocios y a los autónomos a recibir las comunicaciones y notificaciones de la Agencia Tributaria (Aeat) exclusivamente de forma electrónica, tal y como se prevé en el proyecto de Real Decreto sobre notificaciones obligatorias, que la Aeat ha sometido a trámite de información pública.

En una nota, consideran que las personas físicas incluidas en el censo de profesionales, empresarios y retenedores en estas obligaciones afecta aun elevado número de autónomos individuales, micropymes o pymes, respecto en las que existe una importante brecha digital en estos momentos, puesto que en un buen número de casos, exigirá la contratación de un servicio externo para ello o la ampliación de los servicios ya contratados para actuar ante la Administración Tributaria.

Consideran los gestores administrativos que todas las ventajas del sistema de notificación electrónica y la nueva versión de la notificación individual de actos colectivos, también incluida en el proyecto, están pensados en beneficio de la Administración, no del contribuyente.

Exclusión automática

Igualmente, consideran excesiva la previsión de que, quienes dejen de cumplir las condiciones para estar incluidos en los supuestos de relación electrónica obligatoria, solo serán excluidos del sistema si lo solicitan expresamente a través de modelo normalizado presentado por medios electrónicos en la Sede de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

En su opinión, debería bastar una baja en censo para que la exclusión fuese automática, sin más obligaciones de comunicación, de la misma manera que un alta en censo genera la obligación automáticamente.

Fernando Santiago ha explicado que "esperemos que en este caso nos escuchen y que el sistema de notificaciones no se convierta en un infierno para los más pequeños, que son los que disponen de menos recursos humanos y económicos".

"Llevamos tiempo solicitando una dirección electrónica única para que una empresa se relaciones con las Administraciones, y no una dirección para cada Administración; lejos de tratar de simplificar los procesos, este Real Decreto, si queda como está redactado, será un nuevo dolor de cabeza para los pequeños y medianos negocios", finaliza Santiago

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