El Ministerio de Justicia ha destinado, en el primer semestre del ejercicio 2022, casi 10 millones de euros con el objetivo de reforzar el plan de choque para el poder judicial. La inversión se ha hecho para paliar los efectos del bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de tres años en funciones.
Justicia ha adoptado todas las decisiones relacionadas con las medidas que afectan a los órganos judiciales de manera conjunta y en cogobernanza con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Tanto la aprobación de nuevos refuerzos, como la retirada de estos, se han realizado con el acuerdo del Servicio de Inspección del CGPJ, en virtud de las nuevas necesidades que se prevén para los juzgados en el ejercicio de 2022.
En 2021 se destinaron casi 11 millones de euros para reforzar el poder judicial. En este sentido, el Ministerio de Justicia destinó este montante a refuerzos de naturaleza jurisdiccional, consistente en la designación de jueces y magistrados, para ejercer funciones jurisdiccionales, como refuerzo en órganos judiciales. Los refuerzos de naturaleza jurisdiccional contaban con refuerzos de carácter ordinario, a los que se destinaron 7 millones de euros; y refuerzos para hacer frente a los efectos causados por la pandemia del Covid-19, con casi 4 millones.
Por otro lado, hoy se han reunido el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, y el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, César Tolosa.
En el encuentro, Olmedo ha mostrado la firme disposición de Justicia "de acometer cuantas reformas procesales sean necesarias para mejorar el funcionamiento de todos los órganos jurisdiccionales y, muy singularmente, del Tribunal Supremo (TS), atendida la relevante función que presta".
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