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Los asesores fiscales consideran que no son efectivas las medidas del Gobierno para rebajar los precios de la energía

  • La mayoría estima que los cambios de residencia, tanto de país como de comunidad autónoma, son principalmente ficticios
Mesa de presentación de la encuesta sobre la opinión de los asesores fiscales. EE

Un 82,4% de los asesores fiscales considera que no es efectiva la bonificación temporal (hasta finales de junio de 2022) de 20 céntimos por litro de carburante para cualquier tipo de consumidor (particular o profesional para paliar los efectos negativos de la crisis energética, mientras que esta misma opinión alcanza al 73% de estos profesionales sobre las rebajas fiscales temporales sobre el consumo de electricidad.

Además, el 90,1% de estos profesionales se muestra de acuerdo o muy de acuerdo con que es necesaria la actualización automática y periódica de los impuestos para evitar efectos indeseados sobre la presión fiscal y la progresividad producidos por la inflación, según los datos de la entrevista anual realizada por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) y el Instituto d' Economía de Barcelona (IEB).

En la encuesta se recoge la opinión de un colectivo compuesto por cerca de 5.000 profesionales de la asesoría fiscal sobre el sistema tributario, mediante la formulación de preguntas recurrentes, para observar la evolución, y de preguntas nuevas, para conocer la opinión sobre cuestiones de actualidad.

Así, con respecto a la configuración actual del sistema fiscal, un 52,8% estima que es peor con relación a años anteriores, lo que acentúa la percepción negativa de que las medidas adoptadas no van en la buena dirección. El motivo principal aducido por los profesionales es su creciente complejidad (75,7%).

La complejidad, señalan, viene dada especialmente por el comportamiento del sector público (al legislar y aplicar los tributos). Estos resultados son prácticamente idénticos a los de 2020 y 2021.

Menor litigiosidad

No obstante, la mayoría está de acuerdo (63,9%) con que la Ley de medidas contra el fraude fiscal haya aumentado las reducciones por sanciones tributarias de actas con acuerdo (al 65%) y por pronto pago (al 40%), lo que está reduciendo la litigiosidad e incrementado el pago voluntario. No obstante, cuando se preguntó el año pasado (sobre el proyecto de ley), el número de optimistas era mayor (71,7%).

Sin embargo, denuncian un aumento del endurecimiento de las sanciones, tanto a nivel estatal como autonómico, en las actuaciones de gestión y en las de inspección.

Cambio de residencia

Un asunto que llama la atención, como ocurriese en años anteriores, es que el cambio de residencia fiscal hacia el extranjero va en aumento, según reconoce un 68,4% de los profesionales entrevistados, mientras que el número de consultas para cambiar la residencia fiscal entre Comunidades Autónomas (CCAA) de régimen común va en aumento, según lo percibe el 74,4% de los encuestados. Lo llamativo, es que, en ambos casos, la opinión de los asesores es que los cambios son principalmente ficticios (59% - 52%, respectivamente).

Sin embargo, como en años anteriores sigue existiendo una profunda división entre quienes son partidarios de que se establezcan límites a las actuales competencias normativas de las CCAA en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (49,1%) y los que no lo son (49,5%).

Por otra parte, solo un 32,5% de los asesores se muestra a favor de la desaparición de esta figura tributaria, frente a un 65% que se define en contra.

Con respecto a las medidas incluidas en el Libro Blanco, elaborado por el Grupo de Expertos, existe casi unanimidad en que es necesario clarificar la tributación de las rentas de operaciones con criptoactivos (84,4%) y una gran mayoría a favor de aumentar los impuestos medioambientales (56,7%) y establecer un régimen de transparencia fiscal para las entidades patrimoniales (54,1%).

El impacto de la pandemia ha provocado que numerosas empresas dejen de cumplir requisitos derivados de incentivos fiscales aplicados con anterioridad, de manera que se han visto obligadas a regularizar su situación ante la administración tributaria, con lo que la mayoría está de acuerdo (59,4%), pero ante la misma pregunta el porcentaje era del 83,7% en la encuesta de 2021.

Para el Reaf esta expectativa parece que en un porcentaje considerable no se ha cumplido finalmente.

Para José María Durán, director del IEB, los resultados son muy representativos a nivel nacional, tanto por el número de respuestas recibidas como por la cualificación de las opiniones; por un lado, porque se trata de profesionales cuya principal actividad es la asesoría fiscal, por lo que están en contacto permanente con contribuyentes particulares y con empresas, y, por otro, porque la mayor parte de ellos –el 97%– tienen más de 11 años de experiencia.

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