Madrid
Pablo de Ramón-Laca, director general de Tesoro, puso el broche al primer Foro de elEconomista sobre 'Inversión ESG y financiación sostenible', y lo hizo destacando la importancia de la sostenibilidad y los retos que tiene España, los reguladores, y los distintos agentes del mercado, de adaptarse a "la demanda de la sociedad en su conjunto para que el sector financiero apoye nuestros objetivos sostenibles".
Para de Ramón-Laca, el apoyo del sector público con la elaboración de un "marco claro" es una de las piezas claves en este esfuerzo por la sostenibilidad, y enfoca la necesidad de que la regulación "no suponga una carga, sino que sea una herramienta útil para evitar la fragmentación y el greenwashing".
El director general del Tesoro anunció la creación de un foro público privado para intercambiar mejores prácticas en el cumplimiento del marco de financiación sostenible, así como "la tramitación de un real decreto de Desarrollo de la ley de Cambio Climático, que especifique qué información deberán publicar las grandes entidades, sobre cómo impacta su actividad y cómo se ve impactada por los riesgos climáticos".
También hizo alusión de Ramón-Laca al abaratamiento del coste financiación: "Desde 2014 España lleva registrando reducciones consecutivas de su carga financiera en relación a los ingresos públicos (...). Incluso en el escenario de una subida progresiva tipos de interés la tendencia de la cartera del coste medio de la cartera de deuda seguiría a la baja, según vayan venciendo los bonos que se emitieron a tipos altos hace años y se reemplacen por bonos emitidos a tipos bajos actuales". Esta inercia a la baja, añadió, será más duradera en función de dos factores. Uno de ellos es la mayor duración de la vida media de la deuda. El otro, según explicó: "El mercado español de bonos resistirá más cuanto mayor sea su base inversora o, dicho de otra forma, cuantos más tipos de inversores confíen en España. Es por este motivo que el bono verde español emitido en septiembre, más allá de dar visibilidad a la agenda inversora verde del Gobierno español, fue una gran aportación a la cartera de deuda del Estado, ya que abrió un mercado bueno, el de inversores con mandatos puramente verdes, al que el Tesoro no había podido acceder antes. Mediante sucesivas reaperturas seguiremos echando redes en este caladero cada vez más profundo y rico.
El Director General del Tesoro destacó tres pilares fundamentales en los que se va a tener que centrar el regulador: la taxonomía, la información, y la herramienta que se utilice.
Sobre el primero destaca la importancia de que el lenguaje que se utilice "cuenta con una base científica muy sólida", y dará como resultado "la columna vertebral del marco de las finanzas sostenibles". A su juicio, se trata de una iniciativa que "legitima las demás, y garantiza que la sostenibilidad no es sólo un ejercicio de márketing", señala.
Sobre la necesidad de comunicar bien y ofrecer la mejor información posible, de Ramón-Laca destaca la importancia de que este esfuerzo "permita al mercado juzgar los instrumentos empleados para conseguir los objetivos", y considera que "el esfuerzo del regulador es obligar a todos los agentes a informar a la sociedad sobre los riesgos que implica la actividad económica".
En cuanto a la herramienta que se utilice, "el estándar de bonos verdes va a ser la norma de oro que garantizará la taxonomía en el mercado", explica de Ramón-Laca, y destaca el trabajo del gobierno "en otro plan nacional de finanzas sostenibles", concebido "por primera vez en la declaración de emergencia climática del gobierno, en enero de 2020".
"No queremos que sea una carga excesiva, pero sí que sean útiles"
"No faltan normas, sino tiempo para adaptarse a ellas, y coordinación para que todos podamos cumplir este objetivo", señala.
Este plan del gobierno "tiene como objetivo facilitar que las necesidades financieras se puedan adaptar a esta demanda de la sociedad", e implicará "crear un foro público-privado para intercambiar información sobre el cumplimiento del fondo, además de "la tramitación de un real decreto de desarrollo del cambio climático que especifique qué información deben publicar las grandes entidades, sobre cómo impacta su actividad, y cómo se ve impactada por los riesgos climáticos".
"No queremos que sea una carga excesiva, pero sí que sean útiles para tener una imagen clara de los riesgos a los que nos enfrentamos", señala.
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