Las recientes acusaciones sobre los fondos sostenibles mal etiquetados de la gestora de fondos de Deutsche Bank DWS han desencadenado un efecto domino en el mercado financiero. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), y el regulador del mercado alemán, Bafin, fueron los primeros en reaccionar, poniendo en marcha una investigación. Esto, a su vez, provocó una caída de la gestora alemana del 13% en Bolsa, que también afectó la cotización de Deutsche Bank. Ahora, las gestoras de activos temen que se convierta en una bola de nieve que acabe derivando en un aluvión de ventas en todo el sector.
Desiree Fixler, ex directora global de sostenibilidad de DWS, es la que ha dado la voz de alarma sobre los dudosos requisitos de la gestora para considerar que un producto financiero es sostenible. En concreto, señala que la gestora de activos alemana presentó afirmaciones falsas en su informe anual de 2020, como que más de la mitad de sus 900.000 millones de dólares en activos se habían invertido siguiendo los criterios ESG (criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo, por sus siglas en inglés).
Por su parte, DWS se ha defendido asegurando que el informe diferencia claramente entre los productos financieros en los que la sostenibilidad es parte de un proceso de inversión más amplio y los activos ESG, centrados en la inversión sostenible.
Dada la ambigüedad del término, las gestoras de activos temen que las investigaciones por greenwashing (lavado verde en inglés) se extiendan y acaben afectado a sus productos financieros sostenibles, tal y como publica el Financial Times. Según datos de Morningstar, los activos sostenibles alcanzaron los 2,24 billones de dólares a finales de junio.
Falta de criterio unificado
Algo común a todas las gestoras de activos es la disparidad entre lo que ellas y sus clientes entienden como sostenible. Así, mientras algunos gestores de activos evitan los valores relacionados con la industria petrolera, otros apuestan por usar el dinero para enseñar a determinadas empresas los criterios socialmente responsables que les deben guiar. Como resultado, muchos de estos productos financieros no cumplen con los objetivos del Acuerdo de París.
Al no existir un criterio claro sobre los requisitos que debe cumplir un producto financiero para calificarse como sostenible, son las agencias de calificación quienes conceden esa distinción de manera arbitraria. Esto tampoco es una solución, pues hace imposible comparar el grado de compromiso con la sostenibilidad de unas gestoras con otras.
Asimismo, la integración de los criterios ESG en las inversiones tampoco cuenta con una definición clara, siendo diferente para cada gestora de activos y contribuyendo a alimentar las dudas sobre un posible greenwashing.
