La semana pasada, la Plataforma de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea presentaba un borrador de taxonomía social, que -al igual que la taxonomía verde en el ámbito ambiental-, no es sino una lista de actividades económicas que se consideran respetuosas con las cuestiones sociales. El objetivo final es que, al etiquetar esas actividades, también se pueda distinguir qué activos financieros serán elegibles desde la perspectiva de la inversión con fines sociales. Consulte más artículos sobre sostenibilidad en elEconomista Inversión sostenible y ESG.
Se empieza a abordar, así, el segundo pilar del ESG, el social, que abarca cuestiones tan amplias como la brecha salarial y de género en las empresas, el trato a los trabajadores o el grado de sindicalización de los empleados, y se extiende también a las cadenas de suministro. Del primer pilar, el ambiental, ya se presentó un borrador a finales de abril y también afloraron conflictos entre estados miembros sobre qué actividades podían etiquetarse como verdes (aún así, Roberto Fernández Albendea, responsable de RSC y reputación de Iberdrola y uno de los miembros de la Plataforma de Finanzas Sostenibles, defendió recientemente que esa taxonomía verde supone "un gran paso adelante", ya que se trata de un proyecto "de una complejidad técnica enorme".
Ahora, al trabajar sobre la 'S' de ESG, los expertos consultados por elEconomista dejan claro que será más difícil avanzar en esta pata de la sostenibilidad. Lo resume Jesús López Zaballos, director de la Escuela FEF y presidente de EFFAS, la Federación europea de asociaciones de analistas financieros: "Si la taxonomía medioambiental está costando que se entienda y se aplique, con la social va a ser más dificultoso, porque no está asociada a criterios técnicos".
También apuntó a estas dificultades Verónica Sanz, responsable de Análisis de Spainsif (plataforma que promueve la inversión responsable en España), en un evento sobre La S de ASG celebrado el 16 de marzo pasado: "La taxonomía social presenta un problema que la verde no tenía; la verde se basa en ciencia, algo que no ocurre en aspectos sociales", afirmó. Los objetivos sociales se basarán en normas y estándares internacionales.
Sobre el borrador de taxonomía social –que está hasta el 27 de agosto en fase de consulta- , López Zaballos explica que la primera dificultad es la de definir qué se entiende por inversión social, ya que, además de no ser una clasificación basada en criterios científicos, algunos aspectos sociales no pueden vincularse a actividades económicas, sino a las propias empresas: por ejemplo, su transparencia fiscal, cómo enfrentan la gestión de los derechos humanos, o cómo combaten la corrupción.
Esta taxonomía -que se centra en la necesidad de realizar inversiones sociales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de Naciones Unidas- propone un doble enfoque, resume este experto:
1. el vertical, centrado en productos y servicios que cubran las necesidades humanas básicas;
2. el horizontal, que tiene en cuenta la repercusión de las actividades económicas en los grupos de interés (combinando los criterios asociados a la actividad económica en general y a la compañía en particular; por ejemplo, la construcción de un hospital podría ser un propósito social, y luego se tendría en cuenta cómo actúa la compañía bien sea de infraestructuras, energía... Las compañías pueden tener distintas líneas de negocio con impactos muy diversos).
Su metodología es similar a la medioambiental (en cuanto al enfoque vertical):
1. Se definen los objetivos sociales;
2. Se establece cómo se contribuye sustancialmente a dichos objetivos;
3. Se fijan los criterios para aplicar el principio de no causar un daño significativo al resto de objetivos;
4. Se definen las salvaguardas medioambientales mínimas que se deberán aplicar.
En cuanto al enfoque horizontal, se tendrá que ver si la actividad:
1. Garantiza un trabajo digno;
2. promueve los intereses de los consumidores;
3. hace posible comunidades inclusivas y sostenibles.
En opinión de Cristina Ruiz, Consejera IASE España, el borrador "marca una hoja de ruta que desvela puntos indefinidos e inconclusos que ya venían marcándose como desafíos de la estandarización de la taxonomía social, y que quedan sin respuesta, por ejemplo cómo medir de forma diferenciada el sector industrial o el de servicios, que tiene comportamientos muy diferentes en cuestiones sociales", explica.
En cuanto a la relación entre la taxonomía social y la medioambiental, añade esta experta, "no sorprende la consideración de exponer sobre la mesa las particularidades de la taxonomía social, tales como que hay que distinguir y considerar tanto los beneficios sociales inherentes como los añadidos; que la vinculación de los criterios sociales lo es tanto a la actividad económica como a la entidad; que hay cuestiones sociales de difícil cuantificación; o la evidencia de que la taxonomía social ha de basarse en normativa internacional", señala.
La complejidad de medir determinadas cuestiones sociales de forma estandarizada es uno de los retos a los que los expertos llevan largo tiempo apuntando. Aluden a la falta de estándares y de ratios concretas aceptadas por todos los actores. Una de las más aceptadas es la CEO Pay ratio [relación entre el sueldo del consejero delegado y el del empleado medio], que ya es de obligada publicación en EEUU o Reino Unido desde 2019. Y la Global Reporting Initiative (GRI) ofrece, quizá, la mayor aproximación a un reporting homogenizado en temas sociales (al igual que CDP y SBTi se estarían convirtiendo en los estándares en cuestiones climáticas), pero no todas las empresas siguen sus estándares.
Desde SpainNAB, el Consejo Asesor Nacional para la Inversión de Impacto, "a falta de circular y recabar feedback del ecosistema", éstas son las primeras impresiones: "Nos parece que la propuesta de la plataforma basada en la doble dimensión horizontal (procesos) y vertical (productos y servicios) está bien diseñada para alcanzar estos objetivos". Desde esta plataforma consideran "que afianzar los derechos sociales en la UE como la igualdad de oportunidades y el acceso al mercado laboral en condiciones justas, así como la protección e inclusión sociales, quedan bien recogidos en la dimensión horizontal de la taxonomía, aquella que se refiere a procesos de las entidades económicas, pero en muchos casos, estamos ante retos urgentes que requieren innovación social en productos y servicios y la taxonomía con su dimensión vertical puede ayudar a atraer capital para financiar soluciones innovadoras".
Tensiones entre estados miembros
Otras fuentes consultadas por elEconomista explican que los puntos de discrepancia entre estados miembros en lo que respecta a esta taxonomía tienen que ver con cómo regula cada país las cuestiones sociales, y con las diferencias entre unos y otros a la hora de abordar cuestiones como la igualdad, la diversidad, la dependencia… Las mismas fuentes consideran que los primeros pasos de la taxonomía social tendrán que darse con mucha cautela, debido a que tiene "implicaciones políticas más allá de tratarse de una mera herramienta para el inversor sostenible".
Tras la fase de consulta de este borrador de una taxonomía social, el análisis de conclusiones se presentará a la Comisión en su informe final en otoño de 2021 y, posteriormente, la Comisión tendrá en cuenta las conclusiones de la consulta para desarrollar normas adicionales sobre la taxonomía europea.
