La Cámara de los Comunes de Reino Unido ha aprobado en la madrugada de este martes la legislación destinada a cortar los lazos políticos, financieros y legales con la Unión Europea (UE) tras más de ocho horas de debate.
La votación se ha saldado con 326 votos a favor y 290 en contra, en medio de las críticas de los opositores sobre el excesivo control que lograrían los ministros del Gobierno gracias a esta legislación, según ha informado el diario británico The Guardian.
Los parlamentarios han votado además a favor de realizar una segunda lectura de la legislación -por 326 a favor y 290 en contra- y han aprobado el calendario propuesto por el Gobierno -por 318 votos a favor y 301 en contra-.
Tras la votación, la primera ministra Theresa May ha afirmado que la "histórica" decisión de la Cámara de los Comunes "significa que se puede avanzar en las negociaciones con una base sólida". "El Parlamento ha tomado la histórica decisión de respaldar la voluntad del pueblo británico y votar a favor de un proyecto de ley que da certeza y claridad de cara a nuestra retirada de la UE", ha indicado en su comunicado.
"Pese a que queda más por hacer, esta decisión significa que podemos avanzar en las negociaciones con una base sólida, y seguimos pidiendo a los parlamentarios de todas las partes de Reino Unido que trabajen juntos para apoyar esta legislación clave", ha remachado.
May debe controlar a sus díscolos
Y es que el alcance del desafío legal que la salida de la Unión Europea supondrá para el Gobierno británico ha quedado de manifiesto con esta primera gran prueba de fuego a superar en el Parlamento por la Ley de la Retirada de la UE. Conscientes de su minoría en Westminster y del creciente volumen de diputados incómodos ante un proceso que amenaza con suplantar la legitimidad de la Cámara de los Comunes, los responsables de la disciplina interna del Partido Conservador han tenido que afanarse para garantizar el paso a la siguiente fase de un texto que adaptará la normativa comunitaria al marco doméstico.
Con una primera ministra severamente vulnerable desde las generales de junio, el potencial de presión de los díscolos era demasiado peligroso. Si bien de momento no han culminado el motín parlamentario, es difícil que la relativa tolerancia mostrada este lunes dure. Su intención es hacerse notar en los debates venideros, los que analizarán pormenorizadamente una ley que, además, abole la que en 1972 había permitido la entrada en el incipiente bloque comunitario.
Su palanca se apoya en su capacidad de obtener concesiones del Ejecutivo, puesto que la mayoría de la oposición se enfrenta a la ley tal como está planteada. Su motivación no persigue la cancelación del Brexit, sino evitar lo que consideran un abuso de poder: de acuerdo con el Gobierno, el alcance de las normas y regulaciones que deben ser transferidas es tal que no habría tiempo material a debatirlas. Como consecuencia, se ha arrogado a un instrumento de abolengo, los conocidos como "poderes de Enrique VIII", para sacar adelante el proceso sin consultar al Parlamento.
Su justificación en relación a la falta de tiempo se debe fundamentalmente a la necesidad de contar con un armazón legal en vigor para el plazo teórico de la ruptura, marzo de 2019, pero en Westminster son conscientes de que este mecanismo permitiría introducir los cambios que se deseen sin escrutinio, ni réplica, del Parlamento.
La preocupación se extiende a todos los grupos, incluyendo el conservador, lo que complica seriamente el margen de maniobra de un Ejecutivo no solo obligado a alcanzar consensos en Bruselas, sino en una cada vez más reivindicativa Cámara de los Comunes.
A su favor, el Gobierno tiene el arma del referéndum, a la que se aferra para advertir a los diputados de que el electorado que en junio de 2016 había votado por abandonar la UE no perdonará a quien sabotee el divorcio. Aunque la capacidad de sus alertas está por ver, los ministros del bando anti-UE ya se han encargado de calentar el ambiente ante los difíciles meses que están por venir, al mantener que quienes traten de bloquear la Ley de la Retirada serán los responsables de un Brexit "caótico".