Los bonistas de la provincia de Buenos Aires, la más grande de Argentina, han presentado una demanda en Nueva York exigiendo el pago de unos 30 millones de dólares en concepto de capital e intereses de la deuda de la provincia, que lleva un año en suspensión de pagos mientras el Gobierno nacional reestructuraba la suya.
Los acreedores han lanzado este martes una reclamación legal contra Buenos Aires en el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, alegando que las negociaciones para la reestructuración de 7.100 millones de dólares en deuda denominada en dólares llevan un año sin avances, según un comunicado del comité directivo de Ad Hoc Group of Bondholders, que reúne a los dueños de más de la mitad de los bonos en circulación.
Esta ha sido la reacción ante la falta de avances en las conversaciones de reestructuración entre la provincia y los inversores, más de seis meses después de que el Gobierno nacional cerrara el canje de 65.000 millones en bonos soberanos. El lunes, la provincia publicó detalles de una nueva propuesta que presentó a uno de sus mayores acreedores, GoldenTree Asset Management, pero el fondo rechazó los términos y la provincia no aceptó una contraoferta.
"Desde abril, Buenos Aires no ha hecho prácticamente ningún esfuerzo para entablar negociaciones de buena fe con el Grupo a fin de encontrar una solución mutuamente aceptable y consensuada, a pesar de varios intentos de participación del Grupo y su asesores", dice el comunicado de prensa. "Las acciones hablan más que las palabras, y es lamentable que el Gobierno provincial haya elegido ir por un camino de confrontación y default".
La demanda reclama el pago de intereses sobre un nominal de 204,8 millones de dólares, además de parte del principal ya vencido. Según la demanda, los intereses debidos ascienden a 9,9 millones y el capital no pagado es de 20,4 millones. El Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires no respondió a las preguntas de los medios.
Buenos Aires ha extendido el plazo para que los acreedores acepten sus propuestas más de una docena de veces desde su primera oferta en abril. Media decena de otras provincias y el Gobierno estatal firmaron acuerdos de reestructuración el año pasado en medio de una crisis económica y monetaria exacerbada por la pandemia.
Un año sin avances
La provincia de Buenos Aires incluye aproximadamente el 40% de la población del país pero no la capital, que es una ciudad independiente. Su gobernador, Axel Kicillof -exministro de Economía de Cristina Fernández-, inició su proceso de reestructuración de deuda en enero de 2020, cuando el Gobierno estatal anunció el impago de un capital vencido por valor de 250 millones de dólares. Aunque terminó pagando de todas formas, todas las alertas se dispararon y la crisis de deuda era ya un hecho.
Con esa amenaza sobre la mesa, la provincia propuso ofertas de reestructuración a sus acreedores, que fueron rechazadas. Finalmente, las compañías calificadoras declararon a la provincia en 'default selectivo' después de que incumpliera un pago en mayo. Desde entonces, las dos partes llevan sumidas en un juego del gato y el ratón, tratando de que el otro ceda en unas negociaciones que no han llegado a arrancar del todo.
"Los miembros del Grupo que han presentado una demanda hoy están abiertos a considerar propuestas que reflejen de manera justa la realidad de la posición financiera y económica de la provincia", según el comunicado. "Mientras tanto, tienen la intención de seguir enérgicamente los procedimientos judiciales que han iniciado hoy y se reservan por completo su derecho a ejercer los recursos adicionales disponibles en cualquier momento".
Esta no es la primera demanda contra una provincia argentina este año. En enero, la provincia de Entre Ríos fue demandada por otro incumplimiento de pago también en Nueva York, pero los tenedores de bonos dijeron que retirarían el recurso legal después de llegar a un acuerdo con el Gobierno provincial.
