Uno de los principales argumentos para el Brexit era que las regulaciones europeas estaban asfixiando a las empresas británicas, y que sin ellas podrían florecer hasta niveles nunca vistos. Ahora que la salida de la UE ya es una realidad, el Gobierno británico está tratando de encontrar algún punto en el que aprovechar su recuperada soberanía y justificar todo el proceso. Y el primer tema que está sobre la mesa, según informa la prensa británica, es la regulación de horarios laborales europea, que el Ejecutivo de Boris Johnson estaría pensando modificar.
Tal y como informa el Financial Times este viernes, el plan que se debate estos días supondría suspender el límite de 48 horas trabajadas semanales, permitiendo a los empleados tener jornadas más largas si así lo acuerdan. También estarían en el aire el cálculo de las horas extra y las vacaciones, así como la obligación de fichar y mantener un seguimiento de las horas trabajadas, que fue implementado aquí hace dos años.
Los 'brexiters' británicos llevan años apuntando a las directivas recientes sobre control de horarios como un obstáculo. Varios miembros actuales del Gabinete publicaron hace una década un libro titulado Reino Unido Desencadenado en el que apuntaban a esos límites, y medios como The Sun también los han criticado. En su opinión, "muchas familias" podrían beneficiarse de "1.200 libras anuales más" al poder trabajar más de 48 horas. Aun así, las cifras muestran que menos de un 2% de los asalariados trabajan justo esa cantidad de horas, y que la inmensa mayoría de los empleados está en su puesto 40 horas o menos.
La regulación de las vacaciones podría ser otro punto en el que competir con la UE, pero la realidad es que el Reino Unido ya ofrece 10 días más anuales de tiempo libre pagado de lo que obliga la UE a sus miembros. Y, por supuesto, cualquier cambio a este asunto podría suponer un enorme coste político.
Tras conocerse la noticia, el ministro de Empresa, Kwesi Kwarteng, salió a asegurar que "el Reino Unido no va a dar marcha atrás a los derechos de los trabajadores". Su homólogo de la oposición, Ed Miliband, respondió que "no permitiremos" que los trabajadores pierdan horas de vacaciones anuales ni se vean obligados a trabajar más horas de lo previsto.
En el acuerdo del Brexit, Reino Unido se comprometió a no hacer una "competencia desleal" con la UE mediante una desregulación, pero en todo caso, sería responsabilidad de Bruselas demostrar que un cambio en la legislación británica supone una ventaja competitiva para sus compañías, lo que no es excesivamente fácil de comprobar. De hacerlo, la UE podría imponer aranceles a las exportaciones británicas, lo que también enfría las ansias de Londres por meter mano a sus leyes laborales.
Furia entre los pescadores
Uno de los motivos por el que Johnson podría estar mirando a estos temas es la necesidad de demostrar que el Brexit ha servido para algo positivo. En los últimos días se han disparado las críticas entre los pescadores, que aseguran estar "al borde del cierre", según la patronal escocesa. Los papeleos y las inspecciones obligatorias para exportar sus capturas a Europa, su principal mercado, están suponiendo grandes pérdidas al retrasarse los envíos. Grandes cantidades de pescado se están echando a perder por esa lentitud, en comparación con la cadena de envíos casi inmediata que había dentro de la Unión, denuncian.
Problemas similares se dan en Irlanda del Norte, donde muchas empresas están teniendo problemas a la hora de recibir suministros desde Inglaterra. Todos los envíos hacia la provincia irlandesa deben pasar por un sistema de controles aduaneros similar al que hay entre Francia e Inglaterra, por ejemplo. Una situación que ha obligado a compañías que dependen de suministros del otro lado del Mar de Irlanda a ralentizar la producción o a detenerla. Y esta posición no está haciendo ninguna gracia a los unionistas, que ven acercarse la reunificación irlandesa. Una crisis territorial más que sumar a la que se vive en Escocia.
