Tras dos meses, el proceso de 'impeachment' contra el presidente de EEUU, Donald Trump, ha llegado a su punto álgido: el juicio propiamente dicho empieza esta semana. De su resultado dependerá que el magnate pueda continuar como si nada hasta las elecciones, o si es condenado y cesado de su cargo, dará comienzo a la breve presidencia de Mike Pence. Todo hace indicar que será lo primero, pero siempre es posible alguna sorpresa en un proceso cuyo desarrollo ya se conoce.
Las bases constitucionales son muy claras: los 100 senadores debatirán si Trump es culpable de alguno de los dos delitos que le imputó la mayoría de la Cámara de Representantes. Primero, abuso de poder, por bloquear ilegalmente -según dictaminó el interventor general- unos fondos destinados a Ucrania para chantajear a su presidente, Volodimir Zelenski. Como mostró en la transcripción de una llamada prublicada por el propio Trump, le pidió "un favor": que acusara de corrupción al mayor rival electoral de Trump, el exvicepresidente Joe Biden. A cambio, dice la acusación, Trump le entregaría los fondos designados para el país europeo que él mismo había bloqueado ilegalmente.
La segunda acusación es la de obstrucción al Congreso, ya que Trump hizo todo lo posible por amenazar a testigos y prohibirles declarar, y negó la entrega de documentos. En cualquiera de los dos casos, si dos tercios del senado -67 votos- deciden que Trump es culpable de alguno de los dos delitos, el presidente sería destituido y reemplazado por su vicepresidente, Pence. Los abogados del presidente alegan que las acusaciones son "inconstitucionales" y "mal hechas" y piden rechazarlas de plano.
Cómo será el proceso
El presidente del Senado, el republicano Mitch McConnell, que ha dicho tener "una coordinación total" con la Casa Blanca y la defensa de Trump, ha propuesto un plan para celebrar el jucio de la forma más rápida posible, admitiendo la menor cantidad de testigos y pruebas para poder absolver al presidente antes del Discurso del Estado de la Unión, previsto para el 4 de febrero.
El proyecto, que se votará este martes por mayoría simple, prevé que cada parte tenga 24 horas para presentar sus alegatos iniciales. Al contrario que en el juicio al demócrata Bill Clinton, en 1999, las 24 horas serán seguidas, en vez de divididas en varias sesiones, por lo que las acusaciones y las defensas acabarían presentando sus argumentos durante todo el día y toda la noche, en una maratón difícilmente soportable para los propios senadores. Especialmente ya que no podrán beber café, solo agua y leche (con o sin cacao, según prefieran).
A continuación, los senadores tendrían 16 horas para presentar preguntas por escrito. Y, una vez terminado ese plazo, podrían llamar a declarar a testigos o pedir más pruebas. Los demócratas quieren que hablen personas como el exconsejero de Seguridad Nacional John Bolton, que dijo estar dispuesto a acudir al Senado después de que Trump le prohibiera ir a testificar ante la Cámara de Representantes.
Sin embargo, la decisión se tomará por mayoría simple, y los republicanos, que suman 53 de los 100 escaños de la Cámara Alta, han advertido de que rechazarán cualquier petición de más testigos. También votarán qué pruebas aceptan o -lo más probable- rechazan. Los demócratas han denunciado que lo único que quieren es "esconderlo todo debajo de la alfombra" y piden "tan solo cuatro votos para tener un juicio justo". La mirada estará puesta en un puñado de senadores republicanos poco afines a Trump que buscan la reelección en estados donde el presidente es impopular y en los que la mayoría de los encuestados piden que dejen testificar a todo el que sea necesario.
Si los republicanos mantienen unidas a sus filas y aplican el rodillo para todas las votaciones, es probable que el jucio termine la próxima semana, con un alegato final y la votación, en la que se da por hecho que Trump será absuelto. Pero si cuatro senadores de la mayoría rompen filas y apoyan los testimonios y las pruebas adicionales, el proceso se podría extender hasta mediados de febrero, como muy tarde.
En cualquier caso, parece inconcebible que 20 senadores republicanos rompan filas y voten a favor de su condena. De hecho, sería una noticia histórica si más de 47 senadores -los demócratas- le declaran culpable. Pero la clave será el coste político que sufrirán unos y otros de cara a las elecciones de noviembre. Las propias encuestas, de hecho, muestran que una mayoría cree que deben ser los ciudadanos los que dicten sentencia en las urnas.
