Apenas horas antes de que los senadores de EEUU empiecen a realizar sus promesas para ser confirmados como miembros del jurado que decidirá si el presidente, Donald Trump, es culpable o no de haber violado la ley, el interventor general del Estado lanzó una 'bomba' en Washington. En una decisión legal de su agencia, el encargado de supervisar la ejecución de las cuentas públicas estableció que Trump había "violado la Ley de Control Presupuestario" al retener fondos destinados a Ucrania sin autorización del Congreso.
La acusación del 'impeachment' es, precisamente, que Trump había bloqueado fondos de ayuda militar y social destinados al país del este europeo para chantajear a su presidente, Volodimir Zelenski. El objetivo de Trump era, según los cargos, conseguir que Zelenski acusara al favorito en las primarias demócratas, el exvicepresidente Joe Biden, de estar involucrado en un escándalo de corrupción en Ucrania que incluiría a su hijo Hunter Biden. Una vez manchado el que puede ser la mayor amenaza a la reelección de Trump, el presidente habría recompensado a Zelenski dándole los fondos y una visita a la Casa Blanca.
La Oficina de Supervisión del Gobierno, que dirige el interventor general, publicó el documento declarando que estas acciones habían sido ilegales. La Ley de Control Presupuestario, recuerda, no permite que el presidente bloquee por voluntad propia fondos que han sido aprobados por el Congreso. "El presidente no puede reemplazar las prioridades establecidas por el Congreso por ley y poner las suyas en su lugar", concluye.
El documento se centra en la Oficina de Gestión Presupuestaria, que depende directamente de Trump, pero también pone en duda las acciones del Departamento de Estado -el Ministerio de Exteriores-, que realizó "acciones cuestionables con los fondos destinados a la ayuda para la seguridad de Ucrania".
Por si fuera poco, el interventor acusa también a ambos departamentos de "no dar la información necesaria para poder realizar nuestras investigaciones", lo que considera "de relevancia constitucional". Precisamente la segunda acusación a la que se enfrenta Trump en el juicio es la de "obstrucción al Congreso" por negarse a proporcionar los datos y permitir que comparecieran los testigos que solicitaron las comisiones de investigación parlamentarias.
'Canta' uno de los acusados
Esta noticia ocurre horas después de que Lev Parnas, uno de los operativos que trabajó en Ucrania bajo las órdenes del abogado de Trump, Rudy Giuliani, acusara por televisión al presidente de "saber exactamente todo" lo que hacía él y sus otros socios para presionar a Zelenski.
Además, Parnas entregó docuemntos a la Cámara de Representantes que indican que la entonces embajadora estadounidense en el país europeo, Marie Yovanovitch, habría sufrido seguimientos ilegales por orden de Trump por su negativa a participar en la red de chantaje a Zelenski. Ucrania anunció este jueves que abriría una investigación para aclarar el asunto.
El juicio a Trump comenzará la semana que viene en el Senado, de mayoría republicana, donde hace falta el apoyo de dos tercios (67 votos) para condenarle, lo que supondría su destitución. Varios senadores republicanos ya han advertido de que no quieren llamar a nuevos testigos ni aceptar nuevas pruebas y que prefieren dar carpetazo al asunto cuanto antes.
