El gran problema que mantiene atascada la aprobación del acuerdo de salida de la UE en el Parlamento británico es la llamada 'salvaguarda' para la frontera irlandesa. Su existencia es señalada por el Gobierno británico como un obstáculo intolerable y por la UE como una necesidad irrenunciable para evitar tener que construir una frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda en la que comprobar las exportaciones que vayan de una jurisdicción a otra. Pero la semana pasada, sin grandes ruidos, tres profesores universitarios propusieron la que puede ser la solución al nudo gordiano de Irlanda. ¿Existe una solución al Brexit?
En el informe "Una oferta que la UE y el Reino Unido no pueden rechazar", publicado el 22 de agosto, los profesores Joseph H.H. Weiler, de la Universidad de Nueva York; Daniel Sarmiento, de la Complutense; y Jonathan Faull, exdirector general de la Comisión Europea, proponen una solución más factible que las nebulosas "soluciones alternativas" imaginadas por Londres y rechazadas de plano por Bruselas.
Leyes recíprocas
Su plan consiste en incluir en las legislaciones de ambos países la oligación de respetar los estándares y normas para los productos que tengan como objetivo la exportación al otro lado de la frontera, exigible ante los tribunales de cada país. Así, en la ley de Reino Unido sería delito vender en Irlanda (y, por extensión, la UE) productos que no cumplan con los estándares europeos, y viceversa. Si una empresa británica fuerza 'cazada' vendiendo aparatos o alimentos irregulares en Europa, los tribunales británicos se encargarían de castigarla. Lo mismo se aplicaría para productos europeos con destino a Gran Bretaña.
Para asegurarse de que se cumplen los estándares, los bienes marcados como destinados a la exportación podrían ser inspeccionados en origen por agentes del país contrario, mucho antes de que lleguen a la frontera, de forma que no haga falta revisarlos allí. Las empresas que se sometan a esas inspecciones podrían recibir certificados de cumplimiento, reduciendo los riesgos de incumplimiento. También se les exigiría el pago de aranceles por adelantado, ahorrando trámites posteriores.
El efecto inmediato sería aumentar el personal necesario para realizar inspecciones, pero evitaría la necesidad de imponer una frontera física. A la vez, se mantendría la integridad de ambos mercados y se respetaría la autonomía de ambos para imponer estándares diferentes. Lo único que haría falta es un ambiente de confianza y reciprocidad.
Por desgracia, los movimientos británicos de los últimos meses no ayudan a este respecto. El miércoles, un encuentro entre el ministro británico del Brexit, Stephen Barclay, y el vice primer ministro irlandés, Simon Coveney, acabó con duros reproches y críticas de ambos a la "intransigencia" de su contrario. Y la decisión del primer minsitro inglés, Boris Johnson, de cerrar el Parlamento para que la oposición no pueda frenar un Brexit sin acuerdo, que ha despertado incredulidad y rechazo por toda Europa entre memorias de momentos oscuros de la historia reciente, no ayuda.
Aun así, si hay alguna posibilidad de sacar la espina que envenena las relaciones entre ambas partes en los apenas dos meses que quedan para el 'dia D', la solución se parecerá más a esta propuesta que a la de poner cámaras por toda la frontera irlandesa para vigilar quién la cruza, como se llegó a proponer en Londres. La pregunta es si queda buena voluntad sobre la mesa para hablarlo.
