Para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por Naciones Unidas, el estado de las infraestructuras es un pilar fundamental. No obstante, en España las inversiones para acometer este cambio en materia de agua siguen siendo insuficientes. Así lo pone de manifiesto un informe de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) y la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), en el que se destaca que en nuestro país la media anual de inversión real no alcanza el 50% de lo necesario.
A este respecto, "en nuevas infraestructuras el déficit de inversión se hace más evidente en el saneamiento, más concretamente en la falta de instalaciones para la depuración de aguas residuales, fundamentalmente en municipios de pequeño y mediano tamaño, lo que provoca que España continúe incumpliendo la Directiva 271/91 sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas", recoge el estudio.
España cuenta con 23.789 kilómetros de red de aducción (tuberías destinadas a conducir el agua desde el punto de captación hasta la planta de tratamiento); 248.245 kilómetros de red de abastecimiento; 189.203 kilómetros de red de saneamiento; 1.640 estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP); 29.305 depósitos; 456 tanques de tormenta, y 2.232 estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR).
Desde PwC también se alerta de la falta de inversiones. Como recoge el estudio Hacia una financiación más eficiente de las infraestructuras del ciclo de agua urbana en España, tras la anterior crisis económica las inversiones se han reducido drásticamente hasta niveles similares a los de aquellos países menos desarrollados y con claras deficiencias en su sistema.
Un grave problema
España ha sido el país que menos ha invertido por habitante en protección del medio ambiente, entre las mayorías economías europeas, entre 2011 y 2019: tan solo 24 euros por habitante en 2019, frente al promedio de 40 euros, según datos de Eurostat. Esto ha provocado que más de la mitad del territorio esté en riesgo de desertización, con un 72% de su superficie bajo estrés hídrico severo.
Como recuerdan desde la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN), "esta escasa inversión es un grave problema, ya que el agua es clave para el desarrollo de otros sectores estratégicos como el turismo, la agricultura y la ganadería. Es incompatible liderar un turismo global sostenible y de calidad siendo el país europeo con mayor número de sanciones medioambientales".
En este contexto, las subvenciones europeas asignadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a las inversiones en infraestructuras hidráulicas (ecosistemas resilientes y preservación de recursos hídricos) ha sido únicamente de 1.850 millones de euros, es decir, el 3,6% del total de los 51.096 millones para el periodo 2021/2022. "Estos Fondos Next Generation, en lo relativo a agua, son una oportunidad desaprovechada, de manera que se tendrá que impulsar el modelo concesional para poder acometer las inversiones prioritarias en la materia", destacan desde SEOPAN.
Al actual ritmo inversor, las actuaciones propuestas en el tercer ciclo hidrológico 2022-2027 no estarán ejecutadas hasta 2045, 18 años más tarde de lo previsto y sobrepasando en 15 años el cumplimiento de los ODS. "Será necesario destinar 23.825 millones en infraestructuras relacionadas con el agua y el medioambiente para poder cumplir estos objetivos y cerrar los expedientes europeos abiertos por no depurar correctamente las aguas residuales", apuntan desde la asociación.
Un PERTE para transformar el sector
El Gobierno pondrá en marcha un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) que tiene como misión digitalizar el sector del agua en España. El importe que movilizará a través de los Fondos Next Generation y del sector privado superará los 2.800 millones de euros entre 2022 y 2026 (más de 1.800 millones de subvención y más de 1.000 millones de aportación de las empresas).
El borrador contempla tres convocatorias para este año y una, la principal, en el primer semestre de 2023, a las que se sumará la financiación directa para las Confederaciones Hidrográficas por un importe de cerca de 250 millones. El calendario que maneja el Ministerio de Transición Ecológica contempla lanzar una primera convocatoria antes de verano que iría destinada a la digitalización de los servicios urbanos.
