
La Generalitat valenciana ha tramitado ya más de medio centenar de contratos de emergencia por un valor de 237,8 millones de euros para hacer frente a las tareas de reconstrucción tras la DANA del pasado 29 de octubre. Según ha confirmado la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, las empresas adjudicatarias "ya se encuentran trabajando en las zonas afectadas". Pero hay compañías y contratos que ya están en el punto de mira, e incluso, los grupos de la oposición han solicitado tener acceso a estos expedientes porque sobre ellos sobrevuela "la sombra de la sospecha".
En concreto, según ha adelantado este martes elDiario.es, el Ejecutivo de Mazón ha adjudicado la reparación de la presa de Buseo, gravemente dañada tras el paso del temporal, a la empresa Becsa, de la que es accionista Gabriel Alberto Batalla Reigada, que fue condenado en la causa de la 'caja B' del PP valenciano de la trama Gürtel por delitos contra la Hacienda Pública, electoral y falsedad de documento mercantil. El contrato asciende a 4,7 millones de euros.
Durante la rueda de prensa para informar sobre las actuaciones que se están llevando a cabo para la reconstrucción, la portavoz del Consell ha justificado esta adjudicación urgente a esta compañía porque Becsa ya tenía un contrato anterior en la presa y conocía "a la perfección" las instalaciones.
Según ha detallado Camarero, fue el Gobierno del Botànic el que le concedió a Becsa un contrato por valor de unos 500.000 euros en 2022 para efectuar una serie de trabajos en la infraestructura. El documento está firmado por la anterior consejera de Agricultura, Isaura Navarro, el 9 de noviembre del citado año, por lo que desde entonces la empresa venía realizando "alguna obra" en la presa.
Es por este motivo, en palabras de la portavoz de Mazón, por la que la Generalitat ha adjudicado a Becsa esta obra. "Este contrato de emergencia, por la inmediatez que requería, por la capacidad organizativa y por la disponibilidad se le dio a la empresa Becsa para garantizar la seguridad y estabilidad de la presa", ha indicado Susana Camarero.
"Por los acontecimientos de la tarde del 29 de octubre, por los daños que presenta la presa y por la inmediatez de la respuesta, lo que se ha hecho es trabajar con la misma empresa porque ya conocía las instalaciones, sabía cuáles eran las obras que se habían efectuado en los últimos tiempos y conocía la infraestructura", ha remarcado.
De este modo, Camarero ha querido dejar claro que esta "no es una obra adjudicada a una nueva empresa, si no a una empresa que ya estaba trabajando en la presa desde el año 2022 en una contratación realizada por el Gobierno de Botànic", ha sentenciado.
Becsa fue fundada en 1969, y está integrada en Simetría grupo empresarial. Según consta en su página web, nació como una empresa de construcción familiar en Castellón de la Plana, y con el paso de los años fue creciendo hasta convertirse en "una de las más importantes empresas de construcción de la Comunidad Valenciana". El grupo ha ejecutado multitud de infraestructuras en puertos, aeropuertos, hospitales, carreteras, obras hidráulicas y otros muchos ámbitos, entre los que destaca la urbanización del parque empresarial Parc Sagunt II que incluye la futura factoría de Volkswagen.
PSPV y Compromís piden los expedientes
Por su parte, desde PSPV y Compromís han pedido tener acceso a los expedientes de los contratos de emergencia aprobados por la Generalitat ya que, han advertido, sobre ellos sobrevuela "la sombra de la sospecha" y "un patrón" por parte del PP.
Frente a estas críticas, el PP ha defendido que los contratos se adjudican en base a la urgencia, algunos de ellos a empresas con las que trabajaba el anterior gobierno del Botànic, y ha criticado la "hipocresía política" de PSPV y Compromís cuando a su juicio es momento de estar centrados en la reconstrucción.
En rueda de prensa tras la junta de síndics, José Muñoz (PSPV), ha recordado que los contratos de emergencia "no tienen por qué ser a dedo" y ha asegurado que tanto en la adjudicación de la presa de Buseo como en uno de los cuatro lotes de limpieza de accesos a polígonos a STV Gestión, "sobrevuela esa sombra de sospecha que siempre ocurre cuando gobierna el PP". "Se demuestra que ni en las peores épocas, el PP y Mazón no dejan de hacer lo que hacen siempre: generar esa sombra de sospecha sobre los contratos públicos de la Generalitat".
Para "fiscalizar" los contratos, el grupo socialista ha solicitado información. "Estaremos vigilantes para, si procediera, llevarlo ante los organismos que fueran oportunos", ha advertido.
En la misma línea, Joan Baldoví (Compromís) ha anunciado que su grupo también ha pedido tener acceso a "todos los expedientes" de contratos de emergencia por la DANA para "saber qué está pasando". "Estamos viendo un patrón: o bien caen en empresas condenadas en su momento por financiar al PP o en empresas donde han trabajado compañeros de piso y jefes de gabinete de Mazón", ha expuesto.
Además, ha exigido al Consell que aclare "por qué están tardando tanto en hacer contrataciones de emergencia", ya que ha destacado que tras la DANA de 2019 en la Vega Baja de Alicante se empezaron a aprobar dos días después.
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