El Gobierno ha vuelto a rechazar compensar por el efecto del Covid-19 a las concesionarias de las autopistas peaje. Varias operadoras, con Abertis a la cabeza, habían presentado una segunda ola de reclamaciones para el reequilibrio económico financiero de los contratos concesionales al considerar que las medidas aprobadas por el Ejecutivo para contener la pandemia afectaron al tráfico registrado en las autopistas y, en consecuencia, a sus ingresos. Sin embargo, el consejo de ministros celebrado este martes acordó que no procede el reequilibrio para ninguna de las sociedades.
Moncloa ya denegó, en junio de 2022, la mayoría de las peticiones de reequilibrio que las concesionarias presentaron por el impacto del primer estado de alarma que se declaró en España el 14 de marzo. En concreto, el consejo de ministros únicamente aprobó la ampliación para la sociedad concesionaria Aulesa, que gestiona la autopista AP-71 León-Astorga, de 9 días de contrato. Las empresas recurrieron la decisión judicialmente, pero el Tribunal Supremo lo desestimó.
Durante el primer periodo de alarma declarado por el Gobierno se promulgaron los Reales Decretos-leyes 8/2020 y 26/2020 de medidas para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19. En ellos se consideraban las condiciones en las cuales las concesionarias de autopistas del Estado podían solicitar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, en caso de imposibilidad de ejecución del mismo como consecuencia de la situación de hecho creada por el Covid y las medidas adoptadas por el Estado, las Comunidades Autónomas o la Administración local para combatirlo.
Ahora, el consejo de ministros ha resuelto en contra de todas las solicitudes de reequilibrio económico presentadas por las concesionarias Acesa, Aulesa, Ausol, Avasa y Castellana por el impacto del Covid-19 en el el período denominado de "nueva normalidad", comprendido entre el 21 de junio de 2020 (fin del primer estado de alarma) y el 25 de octubre de 2020, y en el del segundo estado de alarma, entre el 25 de octubre de 2020 y el 8 de mayo de 2021.
Las operadoras solicitaron que se les reintegren los ingresos no percibidos por la caída de tráfico respecto del esperado -tomando como referencia sus ingresos en 2019 actualizados-. Según el Gobierno, ninguna solicitud acredita la relación de causalidad entre la adopción de una medida concreta y la pérdida de ingresos, ni tampoco que dicha disminución haya supuesto un desequilibrio económico de la concesión.
Sin limitación a la movilidad
El Ejecutivo sostiene que durante el período de "nueva normalidad" no se establecieron límites a los desplazamientos de manera generalizada en el ámbito estatal y se permitía viajar entre comunidades autónomas o municipios. De igual modo, en el segundo estado de alarma, se caracterizó por la ausencia de una limitación a la movilidad de ámbito estatal. En este periodo ya no estaban vigentes los RD-leyes, por lo que se han estudiado las solicitudes bajo la normativa general, aunque el Ejecutivo considera, en todo caso, que no corresponde reequilibrio bajo ninguna de las dos opciones.
Las concesionarias apelan a los supuestos de Fuerza mayor, "Factum principis" y Riesgo imprevisible, que, en opinión del Gobierno, no se ajustan a lo sucedido. Así, estima que la doctrina del riesgo imprevisible no puede aplicarse para garantizar el beneficio al contratista. Tampoco se aplica Fuerza Mayor porque, entre otras cuestiones, el carácter tasado y la interpretación restrictiva tampoco permiten equiparar una pandemia a esos fenómenos.
Una vez estudiadas las reclamaciones, con la preceptiva audiencia a los interesados, tras el informe de la Abogacía del Estado y de acuerdo con el dictamen favorable del Consejo de Estado -solicitado ante la oposición de los concesionarios a la propuesta de resolución-, se han resuelto en un solo trámite todas las solicitudes por acumulación de las mismas, mediante el acuerdo de consejo de ministros aprobado este martes.
Aulesa, Avasa y Castellana están controladas por Abertis, que hasta agosto de 2021 también era propietaria de Acesa -su concesión revirtió entonces al Estado al finalizar su contrato-. Ausol, por su parte, era propiedad de Meridiam y Ferrovial. La constructora vendió su 15% al fondo galo en 2022 y, con posterioridad, entró en el capital Bestinver, la gestora de Acciona.