Infraestructuras y Servicios

Abertis amplía la demanda contra la Generalitat por el fin de los peajes

  • Impugna los acuerdos de gobierno tras dirigirse primero contra el silencio administrativo del 'Govern'
  • Reclama 460 millones de euros, pero la administración solo reconoce una liquidación de 94 millones
Peaje gestionado por Abertis. EE
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Abertis redobla el pulso con la Generalitat por el fin de la concesión de las carreteras C-31/C-32 y C-33. La compañía ha ampliado la demanda presentada en primavera del año pasado por el pago correspondiente a la liquidación del contrato; un conflicto parecido al que mantiene con el Gobierno por la AP-7 y la AP-2. Si en un primer momento la empresa se enfrentó al Govern por su silencio administrativo, ahora ya se dirige también contra los acuerdos de gobierno en los que la administración catalana decidió que la indemnización debía ser solo de 94,1 millones de euros frente a los 460,2 millones exigidos por la operadora.

Según ha podido saber elEconomista.es, la firma dirigida por José Aljaro amplió el recurso judicial presentado al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que lo admitió a trámite este 2023. El escrito de demanda lo presentó Invicat, la filial de Abertis titular de las concesiones, y se oponía a los acuerdos alcanzados por el Ejecutivo el 7 de junio de 2022, en los que se decidió la liquidación económica. Así, la organización va un paso más allá frente al órdago inicial, que denunciaba el silencio administrativo del Departament de Territori ante sus peticiones.

La ampliación eso sí no incrementa la indemnización exigida a la Generalitat, que se mantiene en 460,2 millones. El enfrentamiento está sobre la mesa del TSJC, que debería dar una respuesta en la primera mitad de 2024, según fuentes jurídicas. Por el camino, Abertis ya incluyó una provisión de 269 millones de euros en sus estados financieros de 2021 y se anotó un golpe de 202 millones en la cuenta de resultados de ese ejercicio.

Las diferencias de Abertis con el 'Govern' nacen por la compensación de unas obras hechas en 2010

El Govern pagó los 94,1 millones de euros que reconoce a comienzos del pasado 2022. Antes que el procedimiento se judicializase. A pesar de la provisión y el dinero ya percibido, la empresa asegura en su último informe anual que, a su juicio, "le asisten fundamentos jurídicos suficientemente sólidos para reclamar la totalidad del saldo de compensación".

Las diferencias entre la organización y la Generalitat proceden de los trabajos de mejora realizados en la C-32 a la altura de la comarca del Maresme (Barcelona) a partir del año 2010, por los que Abertis considera que se le adeudan 431,9 millones de euros mientras que la administración solo acepta el pago de 65,7 millones. Y es que el acuerdo al que llegaron con el gobierno del Tripartit (PSC-ERC-ICV) era que Abertis financiaba las obras a cambio de una compensación al final de la vida útil del convenio si no se cumplían unas expectativas de tráfico a las que no se llegó nunca por la lenta recuperación de la crisis económica.

En cambio, Invicat y el Govern sí están de acuerdo en la compensación por los trabajos hechos en 2013 y 2015, que implicaron obras de mejora accesorias y la creación de un ramal para acceder desde la autopista a las localidades de Blanes y Lloret de Mar (Girona). Las arcas públicas pagaron 28 millones de euros por estos trabajos.

Además, el año pasado Abertis percibió otros 45,3 millones de euros por la deuda que tenía la Generalitat con su filial Aucat, la concesionaria que gestiona la Autopista Castelldefels Sitges-El Vendrell (C-32) hasta 2039. El pasivo obedecía a una modificación del contrato hecha por la administración en agosto de 2021.

El enfrentamiento por la AP-7

El enfrentamiento autonómico lleva el mismo camino que el mantenido con el Gobierno central por el fin de los peajes en la AP-7 y la AP-2. El Estado considera que la compensación debe ser de 1.070 millones, una cifra que abonó el año pasado, pero la empresa exige más de 4.000 millones.

El origen de las discrepancias es precisamente el mismo. Las diferencias se remontan a 2006, cuando se acordó prolongar la duración del convenio a cambio de una serie de mejoras sobre las vías y se pactaron unas cláusulas sobre expectativas de tráfico. Con el estallido de la crisis de 2008, el número de vehículos fue muy inferior al previsto. Ya en 2011, Ana Pastor, entonces ministra de Fomento, judicializó el caso.

Tras años de calma tensa, un Consejo de Ministros celebrado en julio de 2017 acordó reinterpretar el convenio para que no se abonase la compensación prevista por la caída de la actividad. Abertis interpuso varios recursos que llegaron al Tribunal Supremo -allí siguen a la espera de resolución definitiva-.

Desde entonces, el Gobierno se ha negado a moverse de los 1.070 millones ya abonados: 505,5 millones por la inversión ejecutada, 143,5 millones debidos al efecto impositivo y el resto por la capitalización del saldo de compensación.

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