Los grandes grupos de infraestructuras de España han trasladado al Gobierno un plan para invertir más de 1.600 millones de euros en el desarrollo de cerca de 600 electrolineras en la red de carreteras del Estado.
Seopan, organización que integra a firmas como ACS, Ferrovial, Acciona, FCC, Sacyr, OHLA o Abertis, ha diseñado una propuesta que contempla la construcción de 598 electrolineras con 5.272 puntos de recarga públicos de 350 kilovatios (KW) para vehículos eléctricos, para una potencia total instalada de 1.845 megavatios (MW). La inversión requerida asciende a 1.643 millones de euros. El Gobierno está estudiando este proyecto sin que hasta la fecha haya dado ninguna respuesta.
Seopan envió su plan a Transición Ecológica en julio y aguarda una respuesta
Moncloa ha constituido el grupo de trabajo Infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico, con una primera reunión celebrada el 15 de junio que estuvo presidida por el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y por la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Sus objetivos consisten en la elaboración de recomendaciones y debate sobre tecnología para concretar medidas y cuantificar inversiones. Se remitió entonces a presentar propuestas antes del 15 de julio y el 21 del mismo mes tuvo lugar el segundo y, hasta el momento, último encuentro. Seopan envió su plan a Transición Ecológica en julio y aguarda una respuesta.
La patronal de las grandes constructoras y operadores de autopistas promulga, para la implementación de su propuesta, el desarrollo de un Proyecto sectorial Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) para la anticipación de la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico en la red viaria interurbana, tanto de gran capacidad como convencional, titularidad del Estado.
A juicio de Seopan, el impulso de este Perte "cumpliría todos los criterios", si bien esta fórmula limita el ámbito de actuación -quedaría fuera la red autonómica-, considerando la construcción y enganche de infraestructura de recarga en 9.024 kilómetros de autovías libres de peaje -excluye a las autopistas de peaje y a 1.042 kilómetros de 11 concesiones del Estado- y en 11.869 kilómetros de convencionales. Así, el alcance sería de 598 electrolineras ubicadas, de media, cada 50 kilómetros, y con 1.643 millones de inversión estimada.
Para la ejecución del Perte, la patronal plantea una estructura de financiación público-privada similar a la de otras iniciativas como la del Perte de Digitalización del ciclo del agua que contempla una financiación pública proveniente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del entorno del 60%, equivalente en este caso a la consignación de 986 millones€ de subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, anticipando el sector privado el 40% restante (657 millones).
Necesidad de un cambio legal
Las compañías privadas responsables de la construcción y enganche de las electrolineras financiarían durante un determinado plazo la aportación de recursos privados al Perte, dando con ello un periodo razonable para la consolidación de la comercialización y venta de vehículos eléctricos en España. A este respecto, estimando una autorización del Perte en 2022, su licitación y contratación en lotes en 2023, y el plazo de construcción y de enganche que resulte, se obtendría una fecha de inicio teórica de explotación de las electrolineras a partir de 2026, momento en que las previsiones mas conservadoras de la industria de la automoción estiman un parque de vehículos eléctricos en España entorno a un millón de matrículas acumuladas, 14 veces mas que las matriculaciones realizadas hasta finales de 2021.
Esta modalidad de financiación, que contempla el anticipo de recursos privados por parte de las compañías de infraestructuras, se ha aplicado con anterioridad en el denominado método alemán, utilizado con éxito en el pasado, si bien dicha práctica cayó en desuso por las limitaciones impuestas en la modificación de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector público -el límite a la tasa de descuento de las concesiones-. No obstante, en esta propuesta se estaría considerando un anticipo del 40% de la financiación de las inversiones del Perte durante el plazo de construcción y enganche de la infraestructura, lo que requeriría la correspondiente aprobación de una norma de rango legal.
El compromiso de financiación de las empresas participantes, precisa Seopan, "no estará vinculado en cualquier caso con el riesgo inherente a la futura operación de las electrolineras". Con respecto a la financiación a desembolsar por las compañías privadas, la patronal señala la posibilidad de acudir a la línea de préstamos financieros habilitada por el programa Next Generation, lo que "aportaría certidumbre en la coyuntura financiera actual".
Para la recuperación de la financiación anticipada por las compañías privadas, la organización apunta, entre las posibilidades de reembolso, la licitación en concurrencia competitiva para la explotación y operación de las electrolineras, que incorporaría el pago de un canon inicial a realizar por los operadores energéticos a recuperar durante el plazo de concesión de servicios que resulte y el precio de adjudicación del kilovatio hora (kwh) establecido en el pliego o la licitación e implementación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales, siempre que se realizase mediante modelo de concesión, sufragando en este caso los concesionarios en concepto de canon o pago inicial el desembolso requerido.
La propuesta remitida al Ministerio de Transición Ecológica es, en todo caso, independiente de la reforma de la componente 1 'Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos', contenida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), consistente en la articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales, toda vez que los plazos inherentes a su implantación podrían dilatar su aplicación a 2024 o 2025.
Seopan está elaborado un informe en el que la inversión en infraestructura de recarga de velocidad ultrarrápida en vías interurbanas de gran capacidad tiene un alcance mayor a la propuesta enviada.
De los 3.766 millones de euros de inversión mínima requerida, 1.782 millones corresponden a la red de carreteras del Estado
El referido informe en redacción considera, entre otras importantes inversiones en la red viaria objeto del estudio, la ejecución y enganche a la red eléctrica de electrolineras tanto en las vías de alta capacidad como convencionales, titularidad del Estado y las Comunidades Autónomas. Según el mismo, las inversiones a realizar se incorporan al modelo económico financiero como una inversión inicial (capex) a financiar por las sociedades concesionarias, cuya recuperación se realizaría con los futuros peajes de los usuarios. El informe se centra por tanto en la anticipación de la infraestructura de recarga y su enganche a la red de distribución, no abordando la operación y explotación de las electrolineras, lo que debería licitarse por el concedente mediante procedimiento de concurrencia competitiva tras la finalización de la infraestructura
El ámbito de actuación implicaría la construcción de 1.585 electrolineras y 10.710 puntos de recarga pública de 350 kilovatios (KW) (3.748 megavatios –MW– de potencia instalada) para vehículos eléctricos en las vías de alta capacidad y convencionales del Estado y de las Comunidades Autónomas con una inversión asociada mínima de 3.766 millones.
Así, considera actuaciones en 13.674 kilómetros de vías interurbanas de gran capacidad titularidad del Estado (10.065 kilómetros) y de las Comunidades Autónomas (3.609 kilómetros) y en 51.948 kilómetros de vías convencionales de calzada con ancho superior a siete metros, de titularidad estatal (11.869 kilómetros) y autonómica (40.079 kilómetros).
De los 3.766 millones de euros de inversión mínima requerida, 1.782 millones corresponden a la red de carreteras del Estado y 1.984 millones a la de las Comunidades Autónomas. El valor total, en todo caso, está en revisión para la obra civil considerada y previsión de acometidas a la red de alta tensión.
La densidad de electrolineras contemplada en ambas tipologías de vías es distinta, ubicándose de media cada 50 kilómetros: en ambas calzadas para las vías de gran capacidad y en una sola para las convencionales, y con 12 terminales de carga por electrolinera en las autopistas y autovías y cuatro en las carreteras, todos de velocidad ultra rápida, de 350 KW. El informe de Seopan, susceptible de un mayor desarrollo, considera, en relación a la infraestructura de recarga y su enganche a la red de suministro, la preexistencia de acometidas valorándose únicamente los trabajos de obra civil y no otras actuaciones como el aumento de capacidad en subestaciones o construcción de nuevas subestaciones.
