La Ley de Cambio Climático aprobada en España en 2021 recoge quiénes deben adoptar planes de movilidad para la creación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBEs). Éstas limitan el acceso de los vehículos más contaminantes, buscando además reducir la congestión del tráfico y los niveles de ruido, al tiempo que mejoran la seguridad vial. Respaldados por el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), los municipios y ciudades afectados están trabajando en ello, y mientras tanto, el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) avanza en el decreto que regulará estas zonas.
Se han puesto ya en marcha iniciativas interesantes al respecto, como la Red de Ciudades por una Movilidad con Bajas Emisiones, promovida por el Foro de Movilidad Inteligente. Esta red, compuesta por entidades locales, asociaciones, empresas y otros colectivos, tiene por objeto identificar y promover soluciones y estrategias que reduzcan las emisiones generadas por la movilidad y su afección a los ciudadanos.
Ahora bien, ante la cercanía de la fecha límite para el establecimiento de las ZBEs, es necesaria una norma específica que desarrolle el mandato genérico del despliegue de estas zonas y que aporte seguridad jurídica a los usuarios, empresas y ciudadanos. Recordemos que hace unas semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anuló la ordenanza elaborada por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), haciendo valoraciones de naturaleza socioeconómica y ponderando los impactos de la ZBE sobre sectores afectados por las restricciones o sobre medidas alternativas que pueden paliar los efectos de la limitación del tráfico.
Además, estamos asistiendo ya a la publicación de licitaciones públicas de las actuaciones previstas para la implantación de las zonas limpias y otras medidas para una movilidad sostenible, que harán uso en primera convocatoria de 1.000 de los 1.500 millones de euros de fondos europeos (Next Generation EU), previstos para subvencionar este tipo de medidas.
En este sentido, aunque son muchas las posibles tecnologías sobre las que construir este tipo de sistemas, los basados en cámaras y reconocimiento de matrículas parecen implantarse por abrumadora mayoría. Ciudades como Oslo o Londres utilizan esquemas de control de acceso desde hace tiempo. Otras como Bruselas ha decidido ir un paso más allá, proponiendo esquemas como SmartMove. Se trata de un proyecto pionero en respuesta a los atascos de la capital europea, que utiliza GNSS (Global Navigation Satellite System, por sus siglas en inglés), y como dispositivo de soporte el teléfono móvil. Pone así en el centro al ciudadano, que no necesita adquirir costosos dispositivos o ser simplemente monitorizado por cámaras, sino que puede acceder a múltiples servicios de movilidad desde su móvil.
Tecnologías punteras como el GNSS han demostrado ser clave en el despliegue de múltiples soluciones de movilidad. Es una tecnología ampliamente conocida por su utilización en dispositivos que forman parte de nuestro día a día para labores de posicionamiento y navegación. Sin embargo, poco se ha oído respecto al rol fundamental que puede desempeñar a la hora de realizar despliegues de Zonas de Bajas Emisiones, peajes urbanos y modernos servicios de movilidad, apoyándose en teléfonos inteligentes. En este sentido, el GNSS es una tecnología que tiene mucho que aportar.
Los beneficios que se asocian a su uso son muchos, incluyendo su gran flexibilidad, escalabilidad, optimización de costes y sinergias con otros servicios de valor añadido, entre otros. Es una tecnología madura, fiable y de excelentes prestaciones, probada con éxito en esquemas conceptualmente muy similares, como la tarificación por uso de infraestructura en esquemas nacionales (Toll Collect en Alemania, Skytoll en Eslovaquia o Viapass en Bélgica).
Es importante resaltar también el interés económico asociado al impulso de tecnologías como el GNSS y la digitalización en el transporte. Mientras que el mercado de dispositivos habilitados para GNSS (incluyendo los teléfonos inteligentes) ha madurado en la última década, los ingresos por servicios en torno al GNSS fue de 73.000 millones de euros en 2021 y la previsión para 2031 es de 250.000 millones de euros, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 15%. La conducción automatizada, los sistemas inteligentes de gestión del tráfico, las aplicaciones inteligentes y la «movilidad como servicio», confían en el GNSS para brindar una alta precisión y fiabilidad.
Tenemos pues ante nosotros el reto de convertirnos en un país de gran densidad digital y la movilidad ha de ser uno de los vectores principales para conseguirlo. España puede y debe jugar un papel importante, al contar con entidades de gran relevancia y experiencia demostrada en las tecnologías que serán claves para este futuro próximo.
