Infraestructuras y Servicios

El Gobierno invierte 306 millones en infraestructuras en Cataluña: el 15% de lo previsto para todo el año

  • El gasto asciende un 50% frente al primer semestre de 2021, cuando alcanzó los 205 millones
  • "Es la comunidad autónoma de España con más inversión directa en el primer semestre", explica el Ministerio de Transportes
Imagen de las obras de la estaci?n de La Sagrera (Barcelona). Lu?s Moreno
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El gasto en infraestructuras es desde hace años uno de los principales puntos de enfrentamiento entre Gobierno y Generalitat. El Ejecutivo catalán lamenta una y otra vez el bajo nivel de ejecución de la inversión presupuestada y el Estado le advierte que es la autonomía que más dinero recibe. En 2022, la tendencia se mantiene: entre enero y junio el Ministerio de Transportes invirtió 305,9 millones en Cataluña; un 50% más que lo destinado en el periodo comparable, pero apenas el 15% de los previsto para todo el año.

Los datos remitidos por el Ministerio que dirige Raquel Sánchez a elEconomista.es señalan que en el primer semestre del año el gasto del departamento en infraestructuras creció un 49,3% frente a los 204,9 millones que lucía entre enero y junio de 2021. Con la ascensión, "Cataluña es la comunidad autónoma en la que más ha invertido el Ministerio directamente en el primer semestre de 2022", señalan.

También lo fue en la totalidad de 2021, aseguran, cuando se mira la obra ejecutada certificada –no solo realizada, sino también pagada y cerrada- se alcanzaron los 700 millones de euros. Entre las obras acometidas, las de la estación de La Sagrera (Barcelona) o la reforma de las líneas de cercanías entre Barcelona y Port Aventura, por ejemplo.

La inversión directa del Ministerio de Transportes en Cataluña para 2022 es de 1998,8 millones

Sin embargo, el gasto de infraestructuras está todavía lejos del que preveía la cartera para todo el año. En los Presupuestos se diseñó una inversión directa real de 1998,8 millones de euros. Al cierre del mes de junio se acometido el 15,3% de lo que se auguraba para el 2022 al completo. Desde el Ministerio precisan que los ritmos de inversión siempre se aceleran en la segunda mitad del ejercicio.

Aunque el dato mejore en el segundo semestre, la cifra parece que volverá a quedar lejos de la dibujada en las cuentas anuales, algo que ya ha levantado las críticas tanto del Govern como de la gran patronal catalana en otras ocasiones. Desde hace años, Foment del Treball exige al Gobierno "recuperar el déficit de infraestructuras" que tiene Cataluña.

A principios de año, la institución actualizó el documento El déficit de inversión en infraestructuras en Cataluña 2009-2020. En el texto, denunciaba el incumplimiento del Gobierno. Entre 2013 y 2021, la ejecución presupuestaria fue del 61,4%, dejando así de invertir el 40% de la inversión comprometida en los presupuestos.

La patronal pide que, para revertir el déficit histórico, el Gobierno realice una "inversión extraordinaria en infraestructuras" durante cinco años. Será la única manera de igualar los estándares europeos, aseguran. los expertos de la institución.

En mayo se supo que la inversión real del Estado en Cataluña era el 35,7% de lo presupuestado

Y aunque no solo atañe al Ministerio de Transportes, en mayo las críticas se dispararon después de publicarse el informe de distribución territorial de la inversión del sector público estatal de 2021, que recoge las inversiones de la Administración General del Estado. El gasto en Cataluña era el 35,7% del presupuestado, con 739,8 millones de euros, por debajo de los 2.068 millones planteados. Contrastaba con los 2.086 millones de euros en Madrid, lo que supone en este caso una ejecución del 187,3%, por encima de lo previsto, por el rescate de las autopistas radiales y el efecto capitalidad, justificó el Ejecutivo.

Las explicaciones no convencieron en Cataluña. El consejero de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, criticó "la glotonería de Madrid, que impone el hambre a otros territorios". Mientras, Foment del Treball propuso la creación de una agencia independiente que controle la inversión en infraestructuras del Estado en la autonomía.

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