El Ministerio de Hacienda ha embargado todas las cuentas del grupo Abengoa en España, a excepción de las UTES, por un importe de más de 50 millones de euros, indican fuentes de la compañía. Con este embargo el grupo no podrá cobrar ninguna cantidad de sus clientes sin ser ejecutados y se queda sin dinero para abonar las nóminas.
El Estado es el principal acreedor de Abengoa. El grupo debe importantes cantidades tanto a la Seguridad Social como a la Agencia Tributaria. Unos 30 millones a la primera y alrededor de 80 a la segunda.
También tiene préstamos con entidades estatales, avales, y acciones. El Estado es, además, el primer accionista individual de Abengoa.
El embargo llegó el lunes, justo horas antes de que la ministra de Industria, Reyes Maroto, se reuniese con representantes de la empresa, de los trabajadores y de la Junta de Andalucía para encontrar conjuntamente una solución a los problemas del grupo.
Grupo de trabajo
Hoy mismo, el delegado del Gobierno en Andalucía ha informado de que el ejecutivo tiene ya decidido quiénes conformarán el grupo de trabajo de Abengoa para analizar su viabilidad y anunciará este mismo miércoles los nombres de los expertos que formarán parte de esa mesa técnica pactada con la Junta de Andalucía.
Así lo ha expresado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press en las que ha asegurado que el objetivo que se persigue es "trabajar de inmediato" para buscar una "solución favorable" que "ojalá que exista" y "salvaguardar los cientos de empleos".
"Este grupo de trabajo deberá acotar la parte operativa -unidades de negocio que se podrían salvar-, ya que existen muchísimas filiales con distinta situación contable y financiera", ha añadido el delegado del Gobierno.
La operación en cualquier caso requerirá del aval de Bruselas. La mesa técnica de trabajo debe analizar el plan de viabilidad que presente la multinacional para salvarse de la quiebra.
El presidente de Abengoa sigue abogando por una solución privada
Sin embargo, el presidente de Abengoa, Clemente Fernández, supeditaba este martes la salvación de la multinacional, exclusivamente, a la inyección de fondos privados, puesto que la financiación pública "sería muy compleja e implicaría irse al largo plazo".
Fernández está a la espera de que el juzgado de lo Mercantil resuelva el recurso contra el auto que ordenaba la liquidación de Abengoa, notificado el pasado viernes. Pendiente de esta resolución está un grupo inversor (Sinclair Capital y RCP) dispuesto a aportar 200 millones más 300 en avales a las unidades de negocio viables del grupo, indica el presidente.
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