Barcelona
La historia reciente de Duro Felguera no está exenta de crisis. Fundada en 1858 como siderúrgica y empresa carbonera, la reconversión a ingeniería ya la llevó a flirtear con la quiebra en los años 80 y 90. La transformación la condujo, no obstante, a batir resultados récord en 2012. ¿Qué ha pasado, pues, desde entonces para que la compañía acumule un rescate tras otro y los problemas financieros se amontonen sobre la mesa en poco más de una década? Un historial de malas decisiones y conflictos alrededor de medio mundo tienen la respuesta.
La compañía presumía durante el año 2012 de unas ganancias de 116 millones de euros y unas ventas de 916 millones. Al calor de estas cifras, la organización se colaba en los rankings de las empresas con mejor dividendo del continente, con una rentabilidad del 7% y hasta el 65% del beneficio repartido a sus accionistas. Al frente de la cotizada estaba Ángel del Valle, que parecía tocado con una varita: encadenaba nuevos proyectos y tenía el plácet del accionariado.
De aquella época son el proyecto Termocentro de Venezuela, por valor de 1.500 millones de euros, las centrales de ciclo combinado en Brasil para Grupo Bolognesi Energia, de 800 millones de euros, o el proyecto minero en Canadá de la mano de la australiana Ausenco, de casi 1.000 millones de euros. Estos macroproyectos parecían llevar a la cotizada al siguiente estadio: capaz de mirar de tú a tú a cualquiera por la caída del mercado interno español.
Sin embargo, el sector se volvió cada vez más competitivo. Y Duro Felguera falló a la hora de gestionar esta expansión internacional. Si a comienzos de la década se amontonaban los contratos, a mediados de la década la noticia eran los incumplimientos de presupuestos, los sobrecostes en cada una de las obras asignadas y los litigios que llevaron a la firma a perder 68,8 millones de euros ya en 2015.
Por ejemplo, la compañía vio como le ejecutaban 88 millones en avales en la construcción de una planta de procesamiento de mineral de hierro en Australia -el llamado proyecto Roy Hill- y sufría importantes sobrecostes en el proyecto Central Vuelta de Obligado (CVO) en Argentina o el proyecto Carrington, en Reino Unido, para erigir una planta energética.
Primer rescate: refinanciación de la banca
En 2016 las pérdidas se mantuvieron -a pesar de recortarse hasta los 18 millones-. No obstante, los departamentos de riesgos de la banca tenían a Duro Felguera en el punto de mira: la deuda ya superaba los 250 millones de euros y las conversaciones con el pool bancario conformado por Bankia, BBVA, CaixaBank, Banco Popular, Banco Santander y Banco Sabadell ya se encaminaban hacia una dura refinanciación.
Y por si fuera poco, en otoño de 2017 la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Duro y Ángel del Valle por presuntos sobornos a altos funcionarios en Venezuela y blanqueo de capitales con el fin de obtener contratos en Caracas. El conflicto en el país se extiende hasta hoy: la Fiscalía pide una multa de 160 millones para la organización, que tiene todavía 120 millones de euros por cobrar en el país por el proyecto de Caracas entregado en 2012. Esta deuda fue el argumento que utilizó José Luis Ábalos para recibir en el Aeropuerto de Madrid a Delcy Rodríguez, vicepresidenta del país, en 2020.
El procedimiento fue la puntilla para Del Valle en una campaña (2017) en la que la ingeniería perdió 254 millones de euros. El presidente dimitió y la banca se avino a una quita de 233 millones para dejar una deuda que rebasaba los 300 millones en alrededor de 85 millones de euros. La salida terminó incluso en una querella por administración desleal y apropiación indebida, presentada en 2020 y que se sumó al frente judicial venezolano.
Además, la organización tuvo que vender activos como sus sedes corporativas de Madrid y Gijón. El pacto, eso sí, provocó que las entidades ya no quieran oír ni hablar de prestar más capital a la firma asturiana.
Duro Felguera se comprometió también a acometer una ampliación de capital de 125 millones de euros. Lo logró. A pesar de que su accionista de referencia, Inversiones Somió, propiedad del empresario asturiano Gonzalo Álvarez Arrojo, no acudió a la llamada. Si lo hizo TSK, según publicó la prensa en su momento, histórico rival de Duro Felguera que pasó a tener poco más del 2% del accionariado.
La nueva etapa pasó a llevar el sello de José María Orihuela tras un breve periodo con Acacio Rodríguez como primer ejecutivo. Orihuela debía pilotar teóricamente el renacimiento de una compañía que ya tenía una situación financiera camino a la normalización. Y como nota positiva, cerró la campaña 2018 con unas ganancias de 99,4 millones gracias a haber ganado el laudo en Australia por el proyecto de Roy Hill.
Pero el sector de la ingeniería es muy intensivo en capital y para ganar proyectos necesitas de unos avales que la banca recelaba de volver a prestar tras haberse dejado ya más de 200 millones en quitas. Las entidades exigían accionistas industriales con vocación de permanencia. Una puerta a la que llamar si volvían a venir mal dadas.
Segundo rescate: el Estado
Y entonces estalló la pandemia. Se frenaron obras con una cartera de proyectos ya a la baja por las diferentes crisis de los últimos años. Los litigios, además, se mantenían. Con unas pérdidas de más de 170 millones, la cúpula de la empresa vio en el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la Sepi una vía para salvar sus cuentas. Pidió hasta 120 millones de euros en una operación hoy puesta en entredicho por dos motivos: la mochila de problemas financieros que ya arrastraba la organización desde hacía, como mínimo, un lustro y el debate a la hora de calificar a Duro Felguera como estratégica para el país.
El Gobierno salvó la segunda discusión con la defensa de que Duro Felguera era estratégica para Asturias. Sin embargo, es evidente que su debilidad económica no procedía solamente del coronavirus. La firma además tiene litigios abiertos con la Agencia Tributaria por más de 150 millones de euros tras recibir inspecciones del impuesto de sociedades.
Finalmente se aprobó el rescate. Por el camino, la empresa debía ajustar su estructura laboral -en 2022 presentó un ERE para 180 personas- y encontrar inversores que apoyasen el proyecto del Estado. Para ello, la Sepi colocó a Jaime Argüelles, procedente de Ence, como primer ejecutivo. Era él quien debía liderar esta nueva etapa.
Y el barco parecía a salvo tras años a la deriva tras la operación. La empresa ganó dinero en 2021 y en 2022 -aunque es cierto que fue por ajustes financieros y el ebitda siguió en negativo- y Argüelles encontró al mexicano Grupo Prodi que inyectó 90 millones de euros en una ampliación de capital acometida el año pasado a través de dos sociedades, la propia Prodi y Mota-Engil México, ambas bajo el control final de José Miguel Bejos.
Las pérdidas de 21,9 millones de euros de 2023 se leyeron como una piedra en el camino de transformación de la empresa, que consiguió incrementar un 140% las ventas hasta los 281 millones y se prometía un alud de contratos, especialmente en México, gracias a la influencia de sus nuevos accionistas. Parte de los números rojos llegaban además por desviaciones en una obra para Tata Steel en Países Bajos. Era una música, eso sí, que ya sonaba.
Si se hurgaba en las cuentas, había eso sí motivos para la preocupación. Duro Felguera admitía que tenía litigios con clientes que podían alcanzar los 700 millones de euros, pero solo tenía provisionados 59 millones.
A las puertas del tercer rescate
No fue hasta el cierre del primer semestre de 2024 cuando quedó claro que la situación volvía a ser preocupante. Incrementó las pérdidas hasta los 26 millones y la caja caía desde los 109,8 millones a apenas 45,3 millones. Los más de 200 millones obtenidos entre la Sepi y Grupo Prodi se había disuelto entre el coste de los proyectos -especialmente impactado por la inflación generalizada de los últimos dos años- y un problema importante de rentabilidad en el taller de Duro Felguera Calderería Pesada, en Gijón.
Argüelles presentó su dimisión tras la sonada marcha del director financiero, Raúl Sánchez, solo tres meses después de ser nombrado. Eduardo Espinosa tomó el mando. Cinco CEOs y seis directores financieros en diez años. Y como regalo de bienvenida se topó con una reclamación de Sonelgaz de 413 millones por incumplimientos en la construcción de una central en Djelfa (Argelia). Ante la noticia, la CNMV le obligó a anotarse una provisión de 100 millones, lo que hundió a la compañía en un patrimonio neto negativo y le obligó a declarar el preconcurso de acreedores en busca de una solución que, a simple vista, solo pasa porque la Sepi canjee los créditos por acciones y se convierta en el accionista de referencia, con las consecuentes pérdidas para las arcas públicas. La banca ya ha dicho por activa y por pasiva que no pondrá más dinero -ni avales, prácticamente- y parece complicado que los mexicanos quieran enterrar más dinero en el proyecto.
En la recámara, además, esperan litigios en Dubai, Chile o retrasos en Rumanía que podrían elevar la factura judicial para Duro en los próximos meses.