Barcelona
Como se intuía vistos los últimos acontecimientos, Duro Felguera se ve obligada a pedir el preconcurso de acreedores. La compañía española, suspendida de cotización desde hace dos semanas, ha consumido ya los 120 millones que le inyectó la Sepi y los 90 millones aportados por Grupo Prodi y apenas podía afrontar los gastos corrientes de su actividad diaria, con una caja que rondaba los seis millones de euros antes incluso de pagar las nóminas de diciembre.
Por ello, la organización controlada por Grupo Prodi (55%) comunicó este miércoles que tanto la matriz como sus diferentes filiales "han presentado ante los Juzgados de los Mercantil de Gijón la solicitud de comunicación de negociación con acreedores del artículo 585 de la Ley Concursal".
De este modo, la finalidad del preconcurso es iniciar la negociación con los acreedores, tanto bancos como proveedores y, principalmente, la Sepi, de "un plan de reestructuración del Grupo, que permita su viabilidad futura y la conservación del mayor número de puestos de trabajo posible".
La compañía que preside Eduardo Espinosa gana además tiempo para hacer frente "a los litigios que le afectan, entre otros y particularmente, los relacionados con el proyecto de Djelfa en Argelia", por el que Sonelgaz le pide 413 millones de euros por los incumplimientos en la construcción de una central térmica.
En una nota interna remitida a la plantilla a la que ha tenido acceso elEconomista.es, Eduardo Espinosa explica que se planteará ahora "una estructura de compañía viable, que proteja los intereses de Duro y de sus empleados. Además, el primer ejecutivo de la cotizada asegura que cree "firmemente" que existe un futuro sólido. "Contamos con el talento necesario, proyectos sólidos y una base de clientes que confía en nosotros", sostiene.
La firma dice también que la declaración del preconcurso "supone la apertura formal de una ventana de negociación con los distintos acreedores". Así, el balón queda ahora principalmente en manos de la Sepi, a quien la compañía adeuda 120 millones. Los bancos ya apenas tenían peso en el pasivo de la cotizada debido a las constantes quitas y reestructuraciones acometidas a lo largo de la última década.
Según la nueva ley concursal, los créditos públicos -como son los 120 millones ya aportados- no pueden ser sujetos de quitas y solo pueden ser aplazados. No obstante, sí existen conversaciones entre el holding público y la rescatada para ver cómo dar apoyo adicional ante el riesgo que supone dejar caer a una empresa rescatada.
Los tambores del preconcurso de Duro Felguera
El preconcurso de acreedores de Duro Felguera llevaba semanas sobre la mesa después de que la CNMV suspendiese de cotización a la firma. No obstante, Espinosa se dirigió a finales de noviembre a la plantilla para asegurar que no se había solicitado a los juzgados ni el concurso ni el preconcurso de acreedores. Pidió tranquilidad a los empleados y que confiasen en los accionistas.
No se ha podido evitar. Primero por la quema de caja del grupo que, según las fuentes consultadas, apenas tenía seis millones de euros de liquidez y debía hacer frente a unas nóminas que rondarían los 14 millones de euros. Todo a pesar de que la Sepi y la banca ya le aplazaron vencimientos de 12 millones de euros hasta enero.
En segundo lugar, por el inminente fin de la moratoria concursal, que vence el 31 de diciembre. Duro arrastra un patrimonio neto negativo de 94,5 millones que hasta ahora ha podido manejar sin consecuencias debido a la moratoria concursal decretada por el Gobierno tras el coronavirus y a efectos contables de los créditos participativos obtenidos.
La compañía tenía así poco más de quince para tapar el agujero. De no haberlo logrado, debía convocar una junta de accionistas para declarar directamente el concurso o aprobar un incremento de capital o la firma de crédito que alivie el desequilibrio financiero.
A la espera de conocerse los resultados del segundo semestre -en el primer semestre las pérdidas fueron de 26 millones- lo cierto es que el patrimonio neto negativo se iba a tornar preocupante con casi total seguridad. Hoy la cifra de -94,5 millones no es causa de disolución, según la empresa, porque los 100 millones del préstamo participativo de la Sepi, los 13 millones de la banca y los 6 millones del Principado de Asturias "tienen la consideración de patrimonio neto a los efectos mercantiles de reducción de capital y liquidación de sociedades".
No obstante, la provisión de 100 millones de euros por la reclamación de Djelfa que la CNMV le obligó a anotarse en sus cuentas dejan el equilibrio mucho más complicado, pues esta cantidad iría directamente contra la solidez del balance de la compañía.