Barcelona
El fin de la moratoria concursal amenaza con hacer saltar por los aires la ya delicada salud financiera de Duro Felguera. La organización controlada por el mexicano José Miguel Bejos está suspendida de cotización desde el lunes tras pedir la argelina Sonelgaz una indemnización de 413 millones. La sanción es solo la puntilla de una compañía que encadena dimisiones en su alta dirección y arrastra un patrimonio neto negativo de 94,5 millones que hasta ahora ha podido manejar sin consecuencias debido a la moratoria concursal decretada por el Gobierno tras el coronavirus y a efectos contables de los créditos participativos obtenidos. El problema: el plazo para obviar esta situación termina el 31 de diciembre.
La compañía tiene así poco más de un mes para remediar este agujero. De no lograrlo, y siempre según las pérdidas cosechadas en la segunda mitad del año, deberá convocar una junta de accionistas para declarar el concurso o bien aprobar un incremento de capital o la firma de crédito que alivie el desequilibrio financiero.
La firma rozará el cero en el capítulo del patrimonio neto según las pérdidas del segundo semestre. Hoy la cifra de -94,5 millones no es causa de disolución, según la empresa, porque los 100 millones del préstamo participativo de la Sepi, los 13 millones aportados por la banca y los 6 millones del Principado de Asturias "tienen la consideración de patrimonio neto a los efectos mercantiles de reducción de capital y liquidación de sociedades".
Así, estos 119 millones compensarían por ahora los -94,5 millones de patrimonio neto. A la espera, eso sí, del resultado de la segunda mitad del año.
El principal problema para la empresa que preside ahora Eduardo Espinosa es que desde la salida de la pandemia ya ha recurrido a la inyección de capital de la Sepi, que aportó 120 millones de euros, y de un inversor externo, como fue José Miguel Bejos a través de Mota-Engil y Grupo Prodi, con otros 90 millones de euros.
No tiene muchas más salidas que volver a tocar la puerta del holding público, con el que algunas fuentes dicen que está en conversaciones –la Sepi no hace comentarios, a preguntas de elEconomista.es–. De no poder hacer frente al calendario de pagos con el organismo, que arranca ya en 2025, el control de la compañía pasaría a manos de la institución estatal.
Otra vía sería que la banca se aviniese a dar oxígeno a la sociedad a través de crédito con algún tipo de garantía del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Para ello, eso sí, habría que sortear las reticencias de los departamentos de riesgos, que ya llevan una década con la conflictiva carpeta de Duro Felguera sobre la mesa. De hecho, el plan presentado por la compañía en febrero incluía la petición de 350 millones de euros en avales para poder presentarse a concursos y licitaciones con garantías. Las fuentes consultadas por este medio sostienen que no los ha conseguido.
La tercera opción que tiene la organización es la de una nueva inyección de capital privado, ya sea del propio Bejos o de un tercero. Así, se podría estructurar a través de una ampliación de capital o de un préstamo participativo.
Tiempo no es que le sobre. Más allá de la amenaza concursal está la disponibilidad de efectivo para afrontar los gastos corrientes del día a día, como pueden ser las nóminas. La firma lucía al cierre de 2023 una posición de 109,9 millones de euros de efectivo y equivalentes; una cifra que se encogió hasta los 45,3 millones a 30 de junio. Ahora, según The Objective, la caja rondaría los cinco millones.
Antes de la reclamación de Sonelgaz, Duro Felguera ya daba señales de debilidad. En el primer semestre de 2024, la compañía perdió 26,3 millones frente al beneficio de 8 millones del periodo comparable. La organización dijo entonces que todavía estaba en un momento de transición y que tenía problemas de rentabilidad en en el taller de Duro Felguera Calderería Pesada. La deuda neta pasó de 34,4 millones a 101,7 millones precisamente por esta quema de caja.
Pese a la incertidumbre, el presidente se dirigió el lunes a la plantilla para asegurar que no se había solicitado a los juzgados ni el concurso ni el preconcurso de acreedores. Según El Periódico, pidió tranquilidad a los empleados y que confiasen en los accionistas. La reunión se produjo tras conocerse que Sonelgaz pide 349,2 millones en un arbitraje ante la Cámara Algerina de Comercio e Industria (CACI) por el parón en los trabajos de la central térmica de Djelfa. Duro responderá antes del 10 de diciembre.