La juez de la Audiencia Nacional María Tardón estudiará si interviene judicialmente Alu Ibérica tras la petición de medidas cautelares que ha realizado la Confederación de Cuadros y Profesionales.
Alrededor de un centenar de agentes de la Unidad de Delitos Fiscales registraron la pasada semana las plantas de Avilés y Coruña para analizar la presunta existencia de un delito penal.
La querella criminal, que se presentó el pasado mes de octubre por parte de este sindicato y se admitió a trámite en diciembre, ha provocado la rápida reacción de este sindicato tras los registros ya que ha pedido a la juez que adopte medidas urgentes al coincidir los investigados con los propietarios de las plantas.
Administración judicial
Según explicó Juan Antonio González, secretario general de la Confederación de Cuadros, a elEconomista, se ha pedido la administración judicial de la compañía y la suspensión de las facultades de los administradores actuales para tomar el control de las plantas.
Asimismo, en el texto remitido al juzgado, se reclama la suspensión cautelar de los contratos de compraventa que se han concatenado de Alcoa a Parter y al Grupo Riesgo al considerar que no se ajustan a los acuerdos alcanzados.
El sindicato ha reclamado también el embargo preventivo de bienes tanto de personas físicas como de personas jurídicas y la prohibición de disposición de activos para que no puedan vender.
La querella contra los gestores de Alu Ibérica se suma a la demanda presentada por todos los sindicatos por la vulneración de los acuerdos en materia laboral y a la presentada por la propia Alcoa en el Juzgado de Coruña contra Parter por la venta al llamado Grupo Riesgo y que le ha permitido dejar en suspenso los pagos que tenía previamente pactados como compensación por la operación con el fondo Parter.
Según figura en el texto de la querella presentada por el sindicato, Alcoa quedaba liberada del compromiso de inversión de 40 millones en las plantas si se producía algunas de las acciones prohibidas en el contrato, entre las que figuraban, la emisión o venta de cualquier valor, la reducción del capital social (que no sean reducción obligatorias de capital social para compensar pérdidas), o participaciones de los compradores o de las compañías.
El 3 de enero de 2020 se constituyó System Capital Managment, la sociedad pantalla a través de la que Víctor José Doménech, dirige y administra los centros de Avilés y Coruña. Esta sociedad se creó con la finalidad de producir aluminio pero tuvo que aportar facturas de compra de maquinaria para justificar el capital social que pretendía publicitar registralmente de 330.000 euros.
Parter firmó un acuerdo con Alcoa por el que se comprometía a mantener el empleo durante 24 meses
Para la constitución de esta empresa de cabecera participaron Luis Losada, en representación de PM MR 1864 (propietaria del 95,76%), y Alexandra Camacho (4,24%).
Parter firmó un acuerdo con Alcoa por el que se comprometía a mantener el empleo durante 24 meses (hasta junio de 2021). A cambio, la estadounidense asumiría un desembolso de 95 millones pagaderos en 21 meses desde la venta para el mantenimiento de la plantilla, ejecución del plan de negocio y medidas de protección para evitar el destino de los fondos a un fin distinto; destinándose además 20 millones por cada planta para realizar inversiones a los que Parter Capital aportaría 15 millones adicionales por cada planta a través de medios financieros que acreditaría de forma suficiente (aval).
Según explica el sindicato, los querellados habían diseñado el pase de las plantas de Alcoa al fondo Parter Capital Group para finalmente trasladar su titularidad al inexistente Grupo Industrial Riesgo de Víctor Rubén Doménech que en mayo de 2019 constituye la compañía unipersonal PM MR 1866 con 3.000 euros junto con el querellado Luis Losada Gómez como administrador único ocultándoselo a los sindicatos hasta el 14 de abril de 2020 que comunican la transacción.
Los sindicatos han convocado una movilización para el próximo 27 de marzo con la intención de que se aclare la situación de sus puestos de trabajo.
Los problemas que está provocando la caída de producción de ambas plantas han generado un incremento de los precios en el aluminio de nuestro país y además se incrementa el riesgo de desabastecimiento. La situación coincide con las negociaciones que está llevando a cabo la Sepi para la compra de la planta de San Ciprian a Alcoa.
