El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado un giro copernicano en su decisión de paralizar la industria en apenas 24 horas. La presión del número de muertes en nuestro país -que ya casi duplican las registradas en China con 6.528 casos frente a 3.304 del gigante asiático - y el creciente número de demandas judiciales por su gestión ha llevado a Sánchez a cambiar de opinión y dar el cerrojazo a la industria. Sánchez votó en contra de una propuesta similar en el Congreso el miércoles y el viernes no aprobó el primer borrador de esta medida.
Este sábado por la mañana, tras alcanzarse un récord de fallecidos que hoy domingo ha vuelto a superarse, Sánchez tomó la decisión paralizar la industria con un permiso económico retribuido desde el lunes 30 de marzo hasta el jueves 9 de abril. El presidente convocó para hoy otro consejo de ministros extraordinario y retrasó la reunión prevista con los presidentes autonómicos. De este modo, Sánchez se adelantaba a una medida que esperaba volver a estudiar este próximo martes tras escuchar a las autonomías.
El parón industrial contaba con el apoyo de los ministros de Unidas Podemos, así como de los sindicatos pero con el rechazo de casi todo los ministros económicos, a excepción del titular de Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, que consideraban, al igual que las patronales, que el daño a la economía puede resultar muy difícil de recuperar pero que hoy ha recibido la aprobación del Gobierno.
El Consejo de Ministros extraordinario de hoy ha servido para aprobar una decisión que a lo largo de la semana ha recibido el rechazo de muchas organizaciones. La primera en mostrarlo claramente fue Foment del Treball, pero posteriormente lo hicieron CEOE y Cepyme.
La discusión sobre un cierre de actividad ha sido constante a lo largo de esta semana con el creciente número de casos infectados y el descontrolado aumento del número de fallecidos. La ministra de Economía, Nadia Calviño, mantuvo un encuentro por vía telemática con los responsables de la CEOE para analizar los pasos que se podían dar en esta línea. Los industriales, en especial Confemetal, se oponían y pedían otro tipo de medidas de apoyo económico.
La Alianza para la competitividad de la industria, que aglutina a cerca de la mitad del PIB bruto español, emitió un comunicado en el que pedía seguir trabajando y que abarca a sectores tan potentes como el automóvil, las petroleras, el papel, la química, la alimentación, el cemento o la siderugia. Otros sectores, como el azulejero, iban incluso más allá y reclamaban la aplicación de medidas excepcionales para hacer frente a esta crisis.
Los sindicatos, por su parte, reclamaban el cierre y, de hecho, así lo han aplaudido hoy tras la aprobación por parte del Gobierno.
El Partido Popular ha asegurado que la medida llega tarde y Vox se queja de que no lo hubiera llevado al Congreso dando otro golpe a la soberanía española. Desde hacía semanas, los presidentes de Murcia, Fernando López Miras, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco o el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, habían pedido el cierre de toda actividad no esencial. El PNV, por su parte, está en contra de esta medida que afecta notablemente a su industria. Ciudadanos pide claridad y garantías y Másmadrid considera que llega tarde.
La decisión de Sánchez llega en un momento de gran complicación de la crisis del coronavirus en España. Las UCI de seis comunidades autónomas están al límite y otras tres que están creciendo rápidamente, tal y como ya predijo el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades hace dos semanas sin tener en cuenta los problemas que se están registrando por falta de material y el número de infectados creciente entre los sanitarios por esta ausencia de medios.
Los problemas para el Gobierno además no dejan de crecer, ya que la gestión del presidente del Gobierno está ya en los juzgados. Las demandas presentadas crecen con tres despachos encabezando estos movimientos: Lex Abogacía, Navarro & Larraiba Asociados y el polémico abogado Víctor Valladares que ha presentado las primeras denuncias contra el presidente del Gobierno y que están tratando de armar demandas colectivas y agrupaciones de afectados por la gestión del coronavirus en España.
