La patronal catalana Foment del Treball ha criticado duramente este sábado al Gobierno de Pedro Sánchez, afirmando que sus limitaciones al despido aprobadas ayer para limitar los perjuicios económicos y sociales del coronavirus atentan contra la libertad de empresa.
En este sentido, el presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha afirmado que es una "decisión precipitada, gravísima, unilateral e injustificada, de dudosa constitucionalidad", citando el artículo 38 de la Carta Magna como argumento.
"Los empresarios no podemos admitir que se ponga en duda la honorabilidad de los empresarios bajo la sospecha del fraude como consecuencia de la lucha contra el Covid 19", ha aseverado.
Así, afirman que las limitaciones impuestas por el Gobierno ponen "en grave riesgo las posibilidades empresariales de sobreponerse a las dificultades sobrevenidas con las que se ha encontrado", lo que puede llevar a muchas empresas "al concurso de acreedores y a su liquidación".
Protestan además de que se "ponga en duda la honorabilidad de los empresarios bajo la sospecha del fraude como consecuencia de la lucha contra el Covid-19", y señalan que la única forma de salir de esta crisis producida por la pandemia "es la confianza mutua y la puesta a disposición de las empresas de mecanismos financieros, económicos y laborales que aporten oxígeno para reducir los efectos perjudiciales que se derivan de esta crisis para empresas y trabajadores". Por ello, reivindican "mayores instrumentos de flexibilidad para gestionar sus relaciones laborales", mientras que el Ejecutivo ha limitado precisamente esa opción.
"La prohibición de acometer despidos no solo atenta contra la libertad de empresa constitucionalmente reconocida, sino que generará una señal de alarma que afectará a las decisiones de futuras inversiones en nuestro país, tanto por el fondo de las medidas adoptadas, como por la inseguridad jurídica, el intervencionismo, y la desprotección y ataque a la iniciativa empresarial que se desprende de las mismas", advierten.
Por último, han criticado que se haya establecido la revisión de oficio de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) para valorar si están justificados o no por la situación económica actual, alegando así que "la Administración se arroga unas competencias que no le corresponden, puesto que se trata de cuestiones que, en todo caso, deberían determinar los tribunales".
